24 sep 2020

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RESPUESTA JUDICIAL A LA CONSULTA ALTERNATIVA

Torres-Dulce se querellará contra Mas con el aval de la cúpula fiscal

Ahora se concretarán los delitos que se incluyen en la demanda y si afecta a Ortega y Rigau

La mayoría de los fiscales constata la voluntad del 'president' de desobedecer al Constitucional

M. BATALLAS / MADRID / J. G. ALBALAT / BARCELONA

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tras lograr el apoyo casi unánime de la junta de fiscales de sala, tiene vía libre para presentar una querella contra el president, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación de caudales públicos por el 9-N. La demanda se presentará en los próximos días en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y se redactará en Madrid.

El debate se prolongó durante más de cuatro horas. Con él, culminaron las actuaciones de Torres-Dulce con motivo de la celebración de la consulta alternativa. Y es que el fiscal general del Estado alertó al Gobierno de Mariano Rajoy de que Mas no iba a obedecer al Tribunal Constitucional una semana antes del 9-N y le propuso acordar unas medidas cautelares para impedir la colocación de las urnas. Sin embargo, no logró el respaldo del Ejecutivo central, ya que en la Moncloa estaban convencidos de que el proceso iba a ser organizado por la sociedad civil. No obstante, las alarmas saltaron y ya desde el domingo, Torres-Dulce conocía que el Gobierno era partidario de responder a Mas con una querella, según fuentes conocedoras de esas conversaciones.

REFLEXIONES

La fiscalía comenzó a recabar datos para esta demanda el sábado y prosiguió el lunes. Torres-Dulce redactó «unas reflexiones» sobre la comisión de delitos que remitió al fiscal superior, José María Romero de Tejada, según fuentes fiscales.

En la sesión de ayer, 23 fiscales de 25 dieron la razón a Torres-Dulce en su pugna con los fiscales catalanes. Pedro Crespo (fiscal jefe de lo contencioso del Tribunal Supremo) y Bartolomé Vargas (fiscal jefe de seguridad vial) expusieron objeciones. El primero alegó que el Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial y el segundo propuso esperar a que el TSJC admita algunas de las demandas presentadas el 9-N contra los aforados para dar a conocer la posición de la fiscalía.

Después de que la mayoría concluyera que hubo delito en el proceso participativo, los fiscales discutieron sobre los autores del mismo y las figuras que se les podía imputar. En principio, se consideró -como propuso el fiscal general a sus inferiores en Catalunya- que los autores eran Mas, Ortega y Rigau porque, «de forma coordinada» habían tomado «las decisiones que permitieron» la celebración de la consulta alternativa. Después, se discutió si esta actuación era constitutiva de un delito de desobediencia.

Mayoritariamente se consideró que desde la primera suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 29 de septiembre el Govern había buscado una vía alternativa para no desobedecer al alto tribunal, pero que al recibir la segunda suspensión, el pasado 4 de noviembre, optó por seguir adelante con el proceso participativo. Y, por tanto, «la desobediciencia fue clara y rotunda».

Asimismo, un número importante de fiscales rechazó que fuera preceptivo para cometer una desobediciencia que el Tribunal Constitucional hubiera apercibido a Mas de que incurriría en delito si no acataba su suspensión. «La ley de consultas emanó de él, y no necesitaba que nadie le requiriera nada. Él sabía perfectamente que no podía celebrar la consulta», explicaron fuentes del órgano judicial .

DISCUSIÓN JURÍDICA

Las otras figuras delictivas fueron también muy discutidas , ya que algunos delitos pueden ser alternativos de otros como son la desobediencia y la usurpación de funciones. Estas matizaciones serán incorporadas a la querella que redacta la secretaría técnica de la fiscalía del Estado. En la reunión también se rechazó la postura de los fiscales de Catalunya, que justificaron su negativa por las dificultades para hacerla viable, ante la sospecha de que el TSJC tiene intención de rechazar la querella. «No es una razón para oponerse porque cada institución tiene que hacer su trabajo», alegaron. Asimismo, algunos fiscales plantearon que esta querella no iba a «arreglar» el problema de fondo. Y alertaron de que la situación que pueda producirse en el futuro es «impredecible». Y es que, en el caso de que el TSJC admita la querella, tendrá que citar a Mas y al resto de los imputados que obligatoriamente deberán acudir a la sede judicial. Y las fechas podrían coincidir con periodos electorales.

Estas consideraciones no se incluirán en la querella. Fuentes fiscales explicaron que la demanda va a estar plagada «de argumentos jurídicos». Por ello, se trabaja a marchas forzadas para que ya se pueda presentar mañana.