EL DESAFÍO SOBERANISTA

La fiscalía investiga si la cesión de locales públicos para el 9-N es delito

Las diligencias se producen después de que el Constitucional haya suspendido el proceso participativo

Un aula del IES Alexandre Satorras de Mataró, preparado para la votación del 9-N.

Un aula del IES Alexandre Satorras de Mataró, preparado para la votación del 9-N. / JULIO CARBÓ

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PATRICIA MARTÍN / MADRID

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias para investigar si la cesión de locales públicos para la celebración del proceso participativo del 9-N puede ser constitutiva de delito, según han informado este sábado fuentes jurídicas.

Según las mismas fuentes, se trata de investigar si la cesión de locales municipales, centros educativos públicos u otras instalaciones dependientes de las administraciones públicas para instalar urnas para dicho proceso podría suponer un delito después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el nuevo 9-N.

Esta misma semana, el TC acordó por unanimidad suspender la consulta alternativa convocada por la Generalitat para este domingo, así como todas las actuaciones relacionadas con la misma, a pesar de lo cual los promotores han decidido seguir adelante con el denominado "proceso de participación ciudadana".

MÁS DE UN MILLAR DE LOCALES PREPARADOS

La previsión de la Generalitat es que este domingo se pueda votar en 942 de los 947 municipios catalanes, en concreto en 1.317 locales con 6.695 mesas con más de 40.000 voluntarios. Para llevar a cabo este proceso, se cuenta con la colaboración de los funcionarios que se hayan inscrito como voluntarios, aunque no tendrán "ninguna tarea especial", según la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega.

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El Gobierno central, a través del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha planteado ante la inminente consulta que si la Generalitat no interviene en la misma, no actuará. "Si el Gobierno de la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el TC ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico", expuso el ministro esta semana.

Ante este planteamiento, el 'president', Artur Mas, decidió ceder el protagonismo y "la ejecución" de la consulta a los voluntarios, si bien mantendrá su "responsabilidad" en el proceso y les amparará.