novedades jurídicas
El TC suspende la consulta alternativa
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Sede del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional cumplió ayer con el guion previsto y suspendió por unanimidad la consulta alternativa del 9-N. En una providencia, los jueces dejaron en suspenso «las actuaciones de la Generalitat de Catalunya relativas a la convocatoria a los catalanes» sobre su futuro político mediante un denominado proceso de participación contenido en una página web y otros actos aunque no estén formalizados jurídicamente. La decisión se publica hoy en el BOE y en el DOGC y tiene efecto desde el 31 de octubre cuando el Gobierno Central acudió al tribunal.
Los jueces repitieron casi con las mismas palabras la providencia del pasado 29 de septiembre cuando suspendieron la ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9-N. «Solo se han cambiado los hechos, nada más». Y esta decisión no es baladí. Fuentes del alto tribunal han explicado que los jueces buscaban así mantener «su neutralidad». Por ello, en el debate no se planteó incluir en la providencia una advertencia a Mas del deber que tiene de acatar las resoluciones judiciales porque «él ya conoce la normativa».
OTRO MOVIMIENTO / A pesar de ello, a las fuentes consultadas no les ha sorprendido que el Govern quiera quemar todos los cartuchos antes de dejar sin efecto el 9-N. La Generalitat tiene previsto acudir al Tribunal Supremo para denunciar al Gobierno central por haber recurrido al TC. Sin embargo, esta demanda tiene escasas o nulas posibilidades de prosperar porque la ley faculta al Estado a defender sus competencias frente a comunidades autónomas que quieren invadirlas, explican,
Tras la decisión de ayer puede comenzar otra partida jurídica si finalmente la Generalitat decide desobedecer el mandato del alto tribunal. Fuentes jurídicas han explicado que los magistrados del TC tienen varias opciones encima de la mesa, Por un lado, ejercitar las facultades que le confiere la ley para hacer ejecutar sus resoluciones y, por otro, remitir al fiscal la posible comisión de un delito por las autoridades catalanas si no acatan la providencia, pero estas fuentes sostienen que solo las usarían a instancias del Gobierno.
El Ejecutivo puede pedir la intervención del TC cuando constate, por ejemplo, que la Generalitat mantiene en los mismos términos y con los mismos contenidos la página web. Otro jugador que se incorporará a esta partida será la fiscalía, que intervendrá contra cualquier acto «de incumplimiento del acuerdo del TC». No obstante, estas fuentes no pudieron concretar qué delito denunciarían, ni a qué personas. En cualquier caso, la fiscalía irá por libre sin esperar indicaciones del Gobierno o del Tribunal Constitucional.
EL COMPROMISO / Mientras en el TC se sigue trabajando para alcanzar un fallo sobre la ley de consultas. De hecho, existe un compromiso «tácito» de que la sentencia esté lista antes de finales de año o a primeros de enero, como máximo.
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