La otra herencia de Pujol

Jordi Pujol Soley no ha presentado ninguna declaración complementaria ante la Agencia Tributaria española (AEAT). El Gobierno central no ha pedido ninguna información sobre cuentas bancarias de la familia Pujol-Ferrusola al Ejecutivo de Andorra. Es más, Andorra no es un paraíso fiscal.

Son tres evidencias tan fáciles de comprobar como difíciles de descubrir entre el alud de informaciones sobre el expresidente de la Generalitat -el título inevitable que le queda- Jordi Pujol, iniciadas el 7 de julio pasado y que se han alimentado unas a otras sin la prudencia elemental de comprobar los datos. Será a partir de esta semana cuando, al menos en lo referente a los hechos comprobados, se podrá recuperar algo de sensatez.

Jordi Pujol sale de casa sin un zapato

Recapitulación sobre lo más próximo. El diario El Mundo acertó de lleno en la advertencia, el 7 de julio, de que la familia Pujol tenía una cuenta en un banco de Andorra (la única probada hasta ahora) cuyo saldo podía ser de 3,4 millones de euros. Una información tan precisa en fechas y cantidades al céntimo fue disuasoria.

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA / El 12 de julio (un sábado de luna llena), los afectados por la información, Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos, tras consultas con abogados y asesores fiscales (en Barcelona, no en un cónclave en La Tour de Carol que nunca existió) acordaron presentar una declaración complementaria ante la AEAT por haber incumplido la ley del Gobierno Rajoy que fijaba como fecha máxima el 30 de abril del 2013 para que los contribuyentes españoles declararan sus cuentas en el extranjero existentes hasta el 31 de diciembre del 2012.

Fue un añadido a la llamada -y no reconocida con este nombre- amnistía fiscal de la segunda era en el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro (ya lo fue con José María Aznar) para animar los hasta entonces magros ingresos previstos por aquella medida de gracia tributaria.

Pudo quedarse aquí. Ferrusola e hijos pillados en falta. El diario que se apuntó la meritoria exclusiva era el mismo que en noviembre del 2012, en plena campaña electoral catalana, acogió la declaración de una examante despechada del mayor de los Pujol Ferrusola tras una atrabiliaria investigación -con la no menos pintoresca aportación de la agencia de detectives Método 3- de la UDEF, la oficina policial dedicada a investigar grandes fraudes en el seno del Ministerio del Interior, al mando del dirigente del PP catalán Jorge Fernández Díaz.

Si esta vez se afinó tanto era de suponer que podía haber más. A partir del día 8, se propaló tanto y desde tan alto (Moncloa) lo que estaba por llegar, que los estrategas jurídicos y los Pujol tomaron una decisión que solo se podrá interpretar, cuando las aguas se calmen, a partir de la teoría de los juegos que domina la ciencia económica desde mediados del siglo pasado. La familia del expresident se planteó: ¿Qué más sabe el Gobierno? ¿Cuándo lo revelarán? Y sobre su reacción:  ¿Cómo lo neutralizamos?  ¿A qué precio? En esto último, se impuso el comunicado/confesión.

En el frente interior familiar, conocedores directos de aquella reunión apuntan a una constante fija, desde siempre, en el quehacer familiar: la unión de madre e hijos se impone. Al menos de momento, porque la situación patrimonial y judicial de cada uno de los siete hermanos no es la misma, lo cual es extensible a la estrategia de defensa.

CONFIRMAR LO YA CONOCIDO / Es así como se decide hacer público, el 25 de julio, un comunicado del muy honorable president de la Generalitat Jordi Pujol, en el que hace público lo que Hacienda ya sabía desde semanas antes y justifica la existencia de esa cuenta -que contiene menos dinero que cuando se asumió en 1980- por un legado de su padre, Florenci, a su esposa y sus hijos. Añade una extraña apelación -más bíblica que evangélica- a la expiación personal en nombre de toda la familia. Ahí empieza la confusión, quizá deliberada, entre los planos ético y jurídico.

Por más que lo intenten los pujolistes más sinceros -los oportunistas, sean ediles o columnistas,  ya se han retratado con suficiencia-, es hora de recuperar con toda solemnidad el clausurado Any Espriu. Releer, hoy, las narraciones cortas El meu amic Salom, El país moribund o El cor del poble sería el mejor homenaje a quien denunció con tanta lucidez la hipocresía, el sentimiento de superioridad y el engaño como idiosincrasia catalana. Pujol y el pujolismo se han quedado en la caja de títeres, sobre la que también escribió Salvador Espriu en homenaje a Ricard Salvat.

MILES DE MILLONES / Parte del frente mediático se ha quedado en el esperpento, por seguir en terreno afecto al poeta de Santa Coloma de Farners. Leer en vegetal y en digital que ya es seguro, o inminente, que la fortuna de la familia Pujol-Ferrusola alcanza al menos los 1.400 millones de euros justifica la fama de ser tierra de inquisidores. ¿Cuánto se ha demostrado? Pues eso: 3,5 millones en una cuenta, ya computada en la AEAT, en la Banca Privada de Andorra (BPA), cuyos derechos reales se han pagado a través de su filial Banco de Madrid. Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos, para ser más exactos.

Para desvanecer cualquier otra esperanza, cabe añadir que esa cuenta confirmada por Pujol Soley el pasado 25 de julio estuvo en Suiza hasta 1990, cuando se trasladó a un banco andorrano que hoy, tras unas cuantas fusiones en el país vecino, se llama AndBank. Lo explicó Olga Grau en EL PERIÓDICO el pasado domingo: en el 2010, la dirección de AndBank decidió que no quería tener cuentas comprometedoras de políticos y el depósito de los Pujol-Ferrusola se mudó a la Banca Privada de Andorra (BPA). Son aquellos movimientos de cuentas en diciembre del 2010 los que recoge la información del 7 de julio.

PROTOCOLO DEL SECRETO BANCARIO / La revisión del frente jurídico también aporta perplejidad. Por si se ha olvidado, Andorra y España tienen suscrito desde hace tres años (aquí, José Luis Rodríguez Zapatero, allí, Jaume Bartumeu) un acuerdo de colaboración en información sensible sobre delitos financieros. Ello permitió al país pirenaico abandonar la lista de paraísos fiscales y a España mejorar la información sobre sus contribuyentes.

Otra cosa es que Andorra mantenga como un derecho de sus nacionales -igual que Luxemburgo o Suiza, para no irse más lejos- el secreto bancario. Lo cual equivale a que si España quiere información sobre depósitos en Andorra debe seguir el protocolo establecido. ¿A quién se le ocurrió desconocer este tema, tan elemental, y propició la publicación del 7 de julio? Tal torpeza abrió el rearme de la otra parte: la declaración complementaria de los Pujol-Ferrusola (el expresidente de la Generalitat no ha hecho ninguna), que dificulta otras inspecciones. La prevención de los bancos andorranos será extrema en cuanto reciban las peticiones españolas, sean de un juez o de la Agencia Tributaria. Además, las vías penal y administrativa, a juicio de los juristas andorranos, no son compatibles. Domina la penal. Las peticiones del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz consta que están en marcha. Sobre la propiciada por esa franquicia de abogados de ventura que se hace llamar Manos Limpias, está por ver que sus indicios superen el nivel de fotocopias de diarios. Y no consta, hasta hoy,  la solicitud de información a los bancos andorranos por parte de la AEAT sobre las cuentas de los Pujol en este país. Así de fácil lo va a tener el ministro Montoro para decir que no puede revelar datos de la Agencia Tributaria.

Pese a todo, las ocho semanas transcurridas desde que el asunto Pujol ha dominado el panorama político catalán y español han sido más que determinantes sobre el proceso político activado -venía de tiempo atrás- hace dos años.

RUPTURA TÁCITA / Ya entonces, desde el Madrid político y el influyente, la mutualidad de intereses públicos y privados -las élites extractivas en teoría económica de Azemoglu y Robinson- que tienen como símbolo de su santa alianza el palco del Bernabéu, se envió el anatema: los empresarios catalanes no están con el proceso catalán. ¿No? Depende de lo que se entienda por empresario y qué intereses tiene.

Lo que es ya irreversible es la de-saparición de cualquier atisbo de complicidad de las élites empresariales catalanas con el movimiento soberanista, cualquiera que sea su grado de aceptación en las relaciones con España. Quienes desde las profundidades del Estado eligieron a la familia Pujol como la mejor palanca para provocar un descarrilamiento del proceso acertaron: eludir impuestos, y más en tiempos de crisis y por el principal referente del catalanismo político de los últimos 50 años, tiene efectos devastadores, por firmes que sean las convicciones compartidas.

Las últimas semanas vuelven  a circular en la hipócrita Lavinia (para Espriu, Catalunya o Barcelona) todas las maledicencias previsibles entre las grandes familias que forman el núcleo del poder catalán (Llavaneres, Puigcerdà, Cadaqués...) contra quienes se han presentado como superadores de la España corrupta, ineficaz y arrogante: a todos los iguala el afán de evadir impuestos.

«¿Cómo es posible que estos [los Pujol] sean más ricos que nosotros?». La frase, oída en el seno del entramado de familias barcelonesas, la minoría sigilosa, refleja cómo se ha recibido  la información del fraude fiscal cometido por el expresident. Los grandes de la industria agroalimentaria, química y farmacéutica, con sus despachos de servicios, ya han enviado su mensaje final a los impulsores del proceso del 9-N: las componendas se han acabado. Ya no habrá más puentes aéreos ni degustaciones compartidas de civet de jabalí: los Pujol también son de los suyos. Esta es la otra herencia que ha dejado el comunicado del 25 de julio.