Los puntos más conflictivos

Protestas ante los parlamentos

El primer borrador que se conoció del anteproyecto de ley castigaba la participación en concentraciones frente a las instituciones del Estado -el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, entre otras- con sanciones de entre 30.000 y 600.000 euros. A criterio del Ministerio de Interior, se estableció que actos de ese tipo serían catalogados como infracciones muy graves si conllevaban riesgo para las personas. El texto que hoy verá la luz señala que será infracción grave (multa de entre 601 y 30.000 euros) si la protesta origina una «perturbación grave» en la seguridad ciudadana.

Retenciones de hasta seis horas

La nueva norma contempla que los agentes de policía puedan retener a un ciudadano sin necesidad de presentar cargos contra él en tres supuestos: los cacheos, las pruebas de alcoholemia y la identificación, siempre que esta sea para prevenir la comisión de un delito o para sancionar infracciones ya cometidas. La retención policial es una figura diferente de la detención. El texto original abría la puerta a retenciones sin límite temporal, pero el Consejo de Estado sugirió que se acotara un plazo máximo de inmovilización, que ha quedado fijado en seis horas.

Tomar imágenes de los agentes

Otro punto polémico que ha tenido que acabar siendo retocado. El primer borrador de Interior tipificaba como infracción muy grave el uso y distribución de imágenes o datos personales de los agentes del orden, una medida que encendió la alarma entre, por ejemplo, los fotoperiodistas que documentan el trabajo de los policías antidisturbios. El nuevo marco legal establece que fotografiar a los agentes y difundir las imágenes se considerará una infracción si puede poner en peligro la seguridad personal o familiar del policía o el éxito de la operación en que participe.

Amenazas, injurias y capuchas

En el capítulo de infracciones graves, castigadas con multas de entre 601 y 30.000 euros (la cuantía final dependerá, entre otras cosas, del poder adquisitivo del infractor), se mantienen comportamientos como amenazar, injuriar o vejar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante una manifestación, participar en disturbios con capuchas, gorros, cascos, pañuelos o máscaras que dificulten la identificación y causar daños al mobiliario urbano (contenedores, papeleras, marquesinas...).

Clientes de prostitución callejera

Si el borrador del anteproyecto de Interior copiaba el modelo catalán y castigaba el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública (lo que puso en pie de guerra a las asociaciones de prostitutas), el texto que hoy llegará al Consejo de Ministros cataloga como infracción grave (penada con sanciones de hasta 30.000 euros) solo la solicitud de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público, pero no el ofrecimiento. También será infracción grave plantar marihuana, aunque no sea para su venta.