La cúpula de una fundación afín a Unió seguirá imputada

El juzgado de Barcelona que durante los tres últimos años y medio ha investigado el presunto desvío de fondos de la Fundació Catalunya i Territori, vinculada a miembros de  Unió, ha finalizado sus pesquisas y ha acordado mantener la imputación para cinco personas, entre ellos el presidente de la entidad y exdirector general de Consum en la década de los 90, Josep Boqué Cos, y el que fuera gerente del partido democristiano, Josep Maria Núñez. El juez les atribuye diversos delitos, desde apropiación indebida, falsedad y otros de índole económico. El magistrado ha archivado la causa para una decena de acusados más.

La fiscalía sostiene que la fundación y un grupo empresarial (vinculado a vocales de la entidad, de la que percibió fondos) pagaron servicios prestados por un proveedor a Unió. Además, Catalunya y Territorio cedió diversos locales al partido para instalar sedes de los democristianos y, después, le vendió alguno de ellos a un precio inferior al del mercado. En febrero del año pasado, el juez citó a Unió para que compareciera en la causa como responsable civil a título lucrativo. Sin embargo, el partido ha pagado a la fundación alrededor de 195.000 euros en concepto de alquileres de sedes y compra de locales, con lo que posiblemente quedará fuera del proceso.

FACTURAS FALSAS / El juez señala en su auto que los acusados Joan Albert López Sans y Miguel Ángel Cortés, que eran rectores de la fundación, y Josep Maria Núñez, gerente de UDC, de forma «conjunta y concertadamente» procedieron a desviar fondos de la fundación para saldar las deudas que el partido había contraído con la empresa Kontrats Produccions por la prestación de diversos servicios, como organización de congresos, reuniones y jornadas.

La resolución detalla que el administrador de Kontrats declaró en sede judicial que el que fuera gerente de Unió le indicó que para cobrar estos servicios girara facturas al grupo empresarial IMS, que a su vez, se había nutrido de fondos de la fundación (1.8 millones) y en el que había miembros de la misma, y a Catalu-nya i Territori. Por este sistema, facturó 177.931 euros. Además, a partir del 2005, la fundación, con el consentimiento de su cúpula, renunció a cobrar los alquileres de inmuebles de su propiedad repartidos por Catalunya y que habían sido arrendados para albergar las sedes del partido. Estos hechos, según el juez, podrían constituir los delitos de administración desleal, agravación dolosa de la insolvencia y falsedad documental.

En su escrito, el juez también detalla, a partir de supuestas facturas falsas, otros presuntos delitos cometidos por los directivos del Grupo IMS y de la fundación vinculada a Unió, que recibió donativos privados por valor de 2,5 millones de euros entre los años 2003 y 2007. H