Un esfuerzo bajo sospecha

El pasado miércoles, durante la sesión de control en el Congreso, Mariano Rajoy aseguró que trabajaba contra la corrupción «en serio». Nadie en la oposición le creyó. A raíz del caso Gürtel, las iniciativas del Gobierno en este campo, que hasta ahora han ido casi siempre a rebufo de las revelaciones sobre el escándalo que azota al PP, se encuentran manchadas por la sospecha. Pero el Ejecutivo necesita al resto de grupos para trabajar en una materia tan sensible, cuya preocupación ciudadana alcanza máximos históricos. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), es ya el segundo problema para los españoles, tras el paro. Así que a principios de esta semana, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, convocó a los partidos en el Congreso a un encuentro, que tendrá lugar el próximo miércoles, para llegar a un acuerdo sobre sus esfuerzos anticorrupción.

Lo curioso de la convocatoria es que se abordarán iniciativas que están aprobadas: la ley de control de la actividad económica de los partidos políticos, que limita con matices las donaciones, y la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que establece incompatibilidades. Ambas normas ya han iniciado su tramitación en el Congreso, y han llegado de la mano del Ejecutivo, como proyectos de ley, y no a propuesta de los grupos, buscando el diálogo y el pacto, que es como siempre se ha legislado en este ámbito.

Aquí surge otro de los motivos de desconfianza de la oposición. Ya no es solo que Rajoy, a su juicio, no haya rendido cuentas sobre el extesorero de su partido, Luis Bárcenas, ni que el PP se haya dedicado a obstaculizar el trabajo de los tribunales e incluso a destruir pruebas. También se trata de que el Gobierno ha actuado por su cuenta, sin atender a la oposición, cuyas propuestas son sistemáticamente vetadas en la Cámara baja.

Falta de concreción

Cuando recibieron la invitación de Santamaría, los socialistas contestaron con una carta. Acudirán a la cita de la semana que viene, a diferencia del anterior encuentro de este tipo, en el que plantaron al Gobierno por su oscurantismo. Pero quieren que el Ejecutivo concrete. El escrito, según fuentes del partido, recuerda a la vicepresidenta que ha «despreciado» las iniciativas del PSOE y vuelve a reclamar una subcomisión parlamentaria que estudie todas las iniciativas. Según sea la respuesta del Gobierno, a la reunión acudirá un alto dirigente o un simple diputado.

Los recelos en Izquierda Plural son similares. El grupo, que aglutina a IU, ICV y CHA, también participará en el encuentro, pero sin apenas expectativas. Insisten en que resulta indispensable crear una comisión de investigación sobre la corrupción en los partidos y otra sobre las cajas de ahorro y creen que lo único que busca el Gobierno es «enmascarar» sus trapos sucios.

Ante este escenario, los más proclives al acuerdo con el Ejecutivo son los nacionalistas catalanes y vascos. El mismo miércoles de la reunión, UPD interpelará al Gobierno sobre sus esfuerzos contra la corrupción, que este partido tacha de mera «palabrería».