Carpetazo judicial al espionaje de La Camarga

¿Quién encargó a la agencia de detectives Método 3 grabar en el restaurante La Camarga la conversación entre Alicia Sánchez-Camacho, actual presidenta del PPC, y Victoria Álvarez, exnovia Jordi Pujol Ferrusola? Por la vía judicial no se sabrá nunca. La Audiencia de Barcelona archivó ayer el proceso abierto por el espionaje a la dirigente conservadora al entender que el perdón otorgado por las dos perjudicadas tras un acuerdo con la agencia de detectives extingue la responsabilidad penal de los imputados, entre ellos el director de la firma, Francisco Marco, y la exresponsable financiera del PSC Maria Lluïsa Bruguer.

Los magistrados destacan en su resolución que «el disentimiento mediante el perdón de todos aquellos a quienes afecta no justifica la continuación del proceso» y rechazan la tesis de la fiscalía de que la investigación debía continuar a raíz del interés general de la actuación presuntamente delictiva por la condición de senadora de Camacho y el contenido de la conversación grabada, donde la exnovia de Pujol Ferrusola explicaba a la dirigentes conservadora supuestos negocios turbios del hijo del expresident.

La resolución reseña que la presidenta del PPC y Álvarez presentaron hace poco sendos escritos en los que  ponían de manifiesto que el perdón del ofendido venía referido al propio «hecho delictivo», sin mantener ninguna reserva respecto a «determinados imputados presentes o futuros». Por lo tanto, ampliaron explícitamente el perdón a quienes pudieron encargar el espionaje.

CONTRADICCIÓN / Fuentes judiciales mostraron ayer su extrañeza por la última decisión tomada por Camacho y la exnovia de Pujol Ferrusola, ya que se contradice con las peticiones realizadas por ambas mujeres para volver a personarse en el proceso, tras desistir de continuar en él en junio después de firmar el acuerdo con Método 3.

La Audiencia de Barcelona resalta en el auto que tampoco han aparecido indicios que permitan la imputación de un delito distinto del inicialmente denunciado (descubrimiento y revelación de secretos) y no consta que existan otras personas agraviadas fuera de las espiadas en La Camarga. En cuanto al interés general de las pesquisas, el tribunal señala que «no alcanza a entender» qué relación tiene este aspecto con el «ataque al derecho a la intimidad de dos personas concretas, aunque una de ellas ocupe cargos públicos», y más cuando ambas han otorgado expresamente el perdón y han llegado a solicitar el archivo del caso.

La policía deberá dejar de rastrear los ordenadores confiscados a la agencia de detectives en febrero y el aparato incautado posteriormente en la sede del PSC. En su primer informe, apuntaba al exdirigente del PSC José Zaragoza como la persona que estaría detrás del espionaje. Un segundo dictamen estaba casi acabado, pero todavía no había sido entregado al juzgado.

VÍCTIMA O CÓMPLICE / A lo largo de estos meses, Camacho ha tratado de salvar como ha podido las contradicciones en las que se ha visto envuelta. Defendió su papel de «víctima» cuando varios miembros de la agencia aseguraron que era conocedora de las escuchas. Se escudó en que fue ella quien puso la denuncia cuando la acusaron de opacidad al firmar el pacto con Método 3. Y tuvo que  subrayar que respetaba la decisión del fiscal de seguir investigando pese a ese acuerdo y aseguró que quería que se llegara hasta el final para saber quién hizo el encargo. Ayer, al confirmarse el archivo, se limitó a decir que «ya hubo un allanamiento civil y un reconocimiento de los hechos y se ha ratificado en la vía penal».