Las basuras de Lloret

El caso Crespo ha sacado a la luz la corrupción rusa de Lloret de Mar y algo más. También ha desenterrado la polémica que suscitó una adjudicación relacionada con la recogida y gestión de las basuras y residuos de la ciudad. Un contrato de 80 millones que se aprobó un mes antes de las elecciones municipales del 2011. Hace una semana, el fiscal Fernando Bermejo sorprendió al exalcalde y diputado de CiU Xavier Crespo cuando le acribilló a preguntas sobre esta concesión. «¿Hubo algún procedimiento irregular? ¿Por qué se hizo por adjudicación urgente? ¿Tiene amistad con el empresario Gustavo Buesa? ¿La fiscalización del contrato fue realizada por el interventor? ¿Este señor tiene algún hijo trabajando en la empresa adjudicataria?», fueron algunas de las cuestiones.

Un aguacero de interrogantes inesperados que llevó al abogado Manuel González Peeters a pedir un receso para deliberar con su cliente antes de responder. ¿Pero esto no iba de viajes a Moscú? Pues parece que no, que el fiscal sospecha que hay algo más. Al cabo de un rato, Crespo contestó que todas las actuaciones se habían realizado «dentro de la más estricta legalidad».

Una respuesta que el hijo del interventor municipal no quiso dar a este diario, ya que Carles Arbó Marco declinó atender la llamada efectuada a la sede central de GBI en Lloret para explicar su relación con la empresa. El propietario de la compañía tampoco aclaró las cosas, ya que se encuentra de viaje, según explicó una empleada. Además de que el hijo del interventor trabaja en GBI, lo único que se ha podido comprobar hasta ahora es que su relación profesional con Gustavo Buesa se remonta por lo menos al 2010. En octubre de ese año, el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó su nombramiento como consejero de una empresa participada por su grupo.

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El hecho de que un familiar de un importante funcionario de Lloret trabaje en una empresa que ha obtenido una adjudicación millonaria no es ningún delito. Sobre todo porque no se trata del propietario, ni de un socio o un alto directivo. Sin embargo, lo que parece haber llamado la atención del fiscal es la urgencia con la que se llevó a cabo una adjudicación tan importante y las protestas que suscitó en la oposición, que llegó a presentar una treintena de alegaciones.

El equipo de gobierno de Crespo no aceptó ni una de ellas, basándose en un informe jurídico elaborado por varios técnicos del ayuntamiento, entre los que figuraba el interventor Carles Arbó Blanch, que abordó los aspectos económicos. Entre otras cuestiones, ERC pidió sin éxito que se hiciera una auditoría y que se contara con la opinión de un comité de expertos.