proceso judicial por el saqueo del palau de la música

El juez obliga a CDC a entregar 3,2 millones por el 'caso Millet'

El auto detalla que el partido se benefició de comisiones por la adjudicación de obras

Convergència va a recurrir y la oposición, excepto ERC, pide a Mas que comparezca

El coordinador de régimen interno de CDC, Francesc Sánchez (izquierda), y el número dos del partido, Josep Rull.

El coordinador de régimen interno de CDC, Francesc Sánchez (izquierda), y el número dos del partido, Josep Rull. / RAFA GARRIDO

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J. G. ALBALAT
BARCELONA

El juez Josep Maria Pijuan, que investiga el saqueo del Palau de la Música y la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha declarado a esta responsable civil directo a «título lucrativo» y le obliga a depositar en el juzgado 3,2 millones de euros, que, supuestamente, le fueron remitidos desde la entidad cultural, ya sea en metálico o en servicios. Una vez reciba la notificación, CDC dispone de 24 horas para formalizar el pago. En caso contrario se procedería a un embargo por valor de la suma.

El partido asegura que depositará el dinero, a pesar de que, como anunció su secretario de organización, Josep Rull, recurrirán la decisión para «desmontar» los indicios «extremadamente débiles» contra el partido. Toda la oposición, salvo ERC, exigió explicaciones urgentes en el Parlament alpresident,Artur Mas, e intentará forzar hoy, en una reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara, que se fije una fecha para su comparecencia.

El fiscal anticorrupción Emili Sánchez Ulled reclamó a finales de junio al juez que CDC afianzara una cantidad para cubrir esta eventual indemnización. La petición del fiscal se basa en el artículo 122 del Código Penal, en el capítulo de responsabilidades civiles, que señala que «el que por título lucrativo hubiere participado a los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o el resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación». Esta medida del juez implica que CDC debe devolver el dinero que, supuestamente, llegó a sus manos y sirvió para pagar gastos.

«ENTREGAS OPACAS» / El juez destaca que existen indicios de que Convergència recibió fondos del Palau de la Música por valor de 2,3 millones de euros a través de «entregas opacas de dinero en efectivo» realizadas entre el 2002 y el 2008 por parte de los exdirectivos de la entidad, Fèlix Millet y Jordi Montull, con la supuesta colaboración de la exdirectora financiera, Gemma Montull. Estas entregas fueron a parar a los entonces responsables de finanzas de CDC Carles Torrent (ya fallecido) y al imputado Daniel Osàcar, aunque el destinatario final era Convergència, bien directamente, bien a través de su fundación, la Trias Fargas (ahora CatDem), de la que las dos personas citadas eran directivos.

El juez también aprecia indicios de que CDC fue beneficiaria de otra desviación de fondos de la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música, por, al menos, 900.000 euros, y a través de las empresas de buzoneo New Letter y Letter Graphic. Según el auto, en este caso, la desviación «se instrumentalizó mediante facturación mendaz» durante los años 2007, 2008 y 2009. Estas empresas, según Pijuan, facturaron al Palau por servicios no prestados o realizados a CDC y, además, donaron 775.000 euros directamente al partido.

El magistrado subraya que el pago de esta «facturación mendaz» por parte del Palau se hizo con cargo de donaciones que la fundación había recibido de la constructora Ferrovial, «bajo la apariencia del acuerdo de patrocinio» entre la empresa y la entidad cultural, aunque «lo donado no obedecía a la liberalidad del donante, sino al pago de comisiones por obra pública adjudicada a dicha constructora». Un informe reciente de la Policía Nacional concluye que CDC se financió a través de la Trias Fargas, que había recibido importantes cantidades de empresas adjudicatarias de obra pública.

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L-9 Y CIUTAT DE LA JUSTÍCIA / El juez recalca que Ferrovial fue adjudicataria durante la anterior etapa de CiU en la Generalitat de obras como la línea 9 del metro y la construcción de la Ciutat de la Justícia. Según la resolución judicial, en el cobro de estas comisiones habrían intervenido Millet y Montull como intermediarios entre Ferrovial y personas afines a CDC. La constructora, además, recibió el encargo de construir un pabellón municipal de Sant Cugat del Vallès, localidad gobernada por CiU, así como el revestimiento de la acequia Bellet, en el margen izquierdo del río Ebro, adjudicada por la empresa pública Regs de Catalunya.

Rull aseguró ayer que Convergència Democràtica utilizará «todos los mecanismos jurídicos» que estén a su alcance para defender su honorabilidad, porque «no se ha lucrado, ni del Palau de la Música, ni de ninguna otra entidad». En un acto, precisamente, de la fundación CatDem, elpresidentMas no quiso pronunciarse sobre el auto judicial.