Carlos Fabra, presidente de la diputación de castellón
El fiscal pide 15 años para él por varios delitos
Valencia es una comunidad donde el PP monopoliza casi todo el poder. Pero desgraciadamente es también un territorio en el que parece predominar la corrupción política y la financiación ilegal.
El presidente, Francisco Camps, intenta salir vivo de latrama Gürtel, que apunta a enriquecimiento ilícito de cargos de su Gobierno y a financiación ilegal del PP regional. El presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, Joaquín Ripoll, está imputado por corrupción en la adjudicación de una planta de tratamiento de basuras. Y ahora el fiscal pide 15 años para Carlos Fabra, presidente de la de Castellón y del PP provincial, por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos fiscales. El caso de Fabra es muy escabroso porque –con diversos pretextos y cambios del juez instructor– el sumario se ha demorado seis años.
Si el PP quiere ser un moderno y creíble partido de Gobierno, Mariano Rajoy debería tomar una decisión drástica de saneamiento. Pero prefiere esperar. Puede que alguna argucia retrase aún más elcaso Fabra. O latrama Gürtel. Pero la táctica de no tomar medidas no es admisible cuando la sospecha está generalizada y no afecta a un político concreto, sino a toda la estructura regional. Quizá los electores valencianos no castiguen la corrupción –lo que dicen algunas encuestas–, pero la marca PP en toda España solo puede sufrir sino separa a altos cargos que huelen a corrupción.
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