Más normal que la de 2021

La campaña catalana está a punto de terminar y las posiciones de los partidos se van perfilando. Más las del PSC, Junts y ERC que pueden ganar y serán decisivos. En el debate de TV3 hubo polarización, pero menos que en 2021. Un más seguro Illa arriesgó más que al principio de la campaña (propuesta Trapero para dirigir la policía catalana). Aragonès defendió con convicción (y colmillo) la estrategia de ERC. Y quizás el mayor cambio fue que Josep Rull (representante de Junts) tuvo un tono 'pujoliano', distinto al maximalismo de Laura Borràs en 2021. Y ya no hay, como entonces, un pacto de todo el nacionalismo (incluido el PdeCAT) vetando a Illa.

No ha sido una gran campaña, pero sí bastante más normal. Aunque para valorarla haya que seguir recurriendo a aquello de la capacidad de convivir con la incertidumbre. Pero hay dos asuntos relevantes que me han sorprendido. Uno es la ley electoral. Si Catalunya que habla de recaudar todos los impuestos quisiera, tendría una ley electoral propia, como casi todas las autonomías. Pero en 44 años de Estatut ha sido incapaz de pactarla. Y ahora el asunto está “descatalogado”. ¿Estamos de acuerdo con el anexo del primer Estatut -condición de Suárez- que exigía para las elecciones de 1980 el reparto provincial de la ley española? Extraño.

En la vivienda se fía todo al control de alquileres que conduce a una reducción de la oferta cuando el problema es la demanda creciente en una Catalunya que ha pasado en pocos años de seis a ocho millones

Más increíble es que cuando tanto se discute de “regeneración democrática” nadie cuestione el sistema de listas cerradas, kilométrica la de Barcelona, que hace que la mayoría de diputados sean desconocidos para el elector. La democracia tiene problemas en muchos países, pero somos la única gran democracia europea -salvo Italia- en la que los electores no votan un diputado de distrito -con cara, nombre y apellidos- para que les represente, como sí pasa en Gran Bretaña, Francia y Alemania. No es la solución mágica, pero sería un freno al excesivo poder de las cúpulas partidarias. En 1977 había que fortalecerlas porque los partidos eran embrionarios. Hoy el problema es que los diputados sean meros funcionarios de partido. Caso contrario se arriesgan a ser excluidos de la lista. Pero, claro, ninguna cúpula quiere perder poder. Y así luego aspiran a intervenir también la sociedad civil.

La vivienda es un gran problema. Yolanda Díaz, la izquierda populista con aire de modernidad, pero sin socios relevantes en Europa, acaba de decir que “la vivienda es un derecho, no un negocio, señorías progresistas” (supongo que refiriéndose al PSOE). Vale, pero los derechos no son un maná que cae del cielo, sino que los tiene que garantizar -o como mínimo no obstruir- el Estado o el sector público. Pasa en educación, sanidad o las pensiones. Pero en Catalunya -y en España- la inversión en vivienda pública de alquiler (la más necesaria para los menos pudientes) no solo no aumenta, sino que baja. Y entonces se pretende garantizar el “derecho” (ley española y ley catalana) transfiriendo el papel protector a los propietarios de pisos y congelando el precio de los alquileres. 

Y como esto se practica desde hace tiempo, la consecuencia lógica es que los propietarios (grandes o pequeños) acaban vendiéndolos, con lo que desciende la oferta de pisos en alquiler. Y cuando la oferta baja y la demanda sube, porque la población aumenta, ineludiblemente hay menos pisos disponibles con lo que -salvo milagro divino- los precios tienden irremediablemente a subir. 

La Generalitat denuncia ante la Audiencia Nacional el sistema de límites de los alquileres del Estado

Pretender que en una Catalunya que en pocos años ha pasado de 6 a 8 millones, los alquileres sean razonables limitando los precios, que lo único que logra es bajar la oferta, es una fórmula segura de fracaso que está creando graves problemas sociales y refuerza la baja natalidad. Y la izquierda es especialmente cobarde en este asunto. Prefiere predicar el control de precios que ya no es pan para hoy (se está viendo) y sí es hambre para mañana. Eso sí, prometer y prometer que en el futuro se construirán muchas viviendas sociales, lo que nunca ha pasado. 

Somos el país de Europa con menos vivienda en alquiler porque llevamos años fiándolo todo al control de precios en vez de apostar por el aumento de la oferta, pública o privada. Y así nos va. Y en este relevante asunto, en esta campaña no hemos avanzado nada. ¿Explicar la verdad sería perder votos?  

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