Todo el poder al PSOE

La división de poderes es una de las principales características de los estados liberales. Parte de la idea de que el poder tiende a ser ejercido despóticamente y que la mejor manera de evitarlo es fragmentarlo y diseñar mecanismos que permitan ejercer un control mutuo y contrapesar las distintas instituciones. Sin embargo, la democratización de los regímenes liberales y la emergencia de los partidos políticos dio al traste con esa pretensión ya que los partidos pasaron a controlar las instituciones y la lógica de la separación institucional fue sustituida por una lógica mayoría política-minoría política. Así, en los sistemas parlamentarios el partido que dispone de la mayoría en el Parlamento es el que gobierna y algunas de las funciones, en particular las del parlamento, como la legislativa o la de control, se ven alteradas. El poder judicial, en cambio, al ser tradicionalmente considerado un poder menos político, ha permanecido más a salvo de los tentáculos del estado de partidos, una consideración que se ha visto vez más cuestionada como consecuencia de la creciente politización de la justicia y judicialización de la política, fenómenos que han dejado al descubierto el hecho de que el poder judicial no solo está sometido a tensiones políticas sino que también se ha convertido en un objeto de deseo partidista. 

España no es ajena a esta dinámica y desde hace años, el poder judicial, así como el poder encargado de la constitucionalidad de la ley, están sometidos a la lucha política y se ven condicionados por ella, con el consiguiente cuestionamiento de su independencia. Situaciones como el bloqueo en la renovación de miembros del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial, en particular por parte del PP,  dan buena cuenta de ello y no hacen más que alimentar la idea de que ese partido domina el poder judicial. Lo que se tiende a ignorar es que en estos momentos, a pesar de que desde las elecciones autonómicas y municipales de mayo el PP tiene la mayor cuota de poder autonómico y municipal de su historia, su ascendente en las instituciones del Estado central es menor que nunca.

En cambio, el PSOE controla el Gobierno y controla las Cortes Generales gracias a su mayoría en el Congreso de los Diputados donde además de tener la mayoría ha designado como letrado mayor a un exalto cargo socialista. Pero también se ha hecho con el control del Tribunal Constitucional designando magistrados a un exministro y a una directora general de Presidencia. E incluso controla los medios de comunicación, no en vano ha nombrado como presidente de la Agencia EFE a su exsecretario de Estado de Comunicación y la presidencia interina de RTVE, tras la crisis abierta por el fichaje de David Broncano, recae en una militante socialista. Parece que solo el Poder Judicial se le resiste. Por ello que no resulta descabellado plantear la hipótesis de que la campaña de desprestigio hacia la institución inaugurada con la asunción de la idea de ‘lawfare’ en su acuerdo de investidura con Junts y que ha seguido con la argumentación de la Ley de Amnistía o con el impulso de comisiones de investigación al respecto y que ha alcanzado el paroxismo en la carta de Pedro Sánchez y en sus reacciones a la misma, responde a su voraz voluntad de control del poder. De todo el poder, sin excepciones. Una voluntad que a todas luces resulta muy poco liberal.

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