La respuesta a la propuesta de la financiación catalana: “Otro cupo no cabe”

"Otro cupo no cabe". Esta es la nueva respuesta que algunos utilizan para descalificar la viabilidad de la propuesta que acaba de poner sobre la mesa el Gobierno catalán. Permítanme unos comentarios a esta aseveración. Se dice que la imposibilidad de un pacto fiscal es por una cuestión fáctica. Catalunya es “demasiado grande” (un 20 % del PIB, a diferencia del caso vasco, poco más del 6 %) y que la redistribución que ejerce actualmente el Estado en favor de Comunidades subsidiadas “no aguantaría”. Bien. La negativa no es ya, al parecer, por una cuestión de constitucionalidad, ya que si así fuera se abortaría de entrada, sino por su viabilidad financiera. Esto es un avance para quienes hemos defendido que jurídicamente la Constitución no marca un modelo de financiación determinado y permite distintas posibilidades (incluido el régimen canario). Ciertamente, la Constitución Española acoge de entrada el concierto y el convenio forales. Pero permite, si se quiere, que sea a través de la LOFCA que se definan los contenidos de la financiación autonómica; desde el reconocimiento de la existencia de nacionalidades y regiones y de territorios históricos. No ha de generar privilegios en derechos y deberes personales, pero el Tribunal Constitucional ha reiterado que ello no afecta a las desigualdades de recursos entre instituciones, que de esto va la descentralización, que no se justificaría de otro modo desde la igualdad completa. Ello permite que sea, pues, la LOFCA, modificable por mayoría absoluta, la que posibilite estos encajes. Para ello no hace falta ni tan solo el acuerdo de las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que la Administración del Estado tiene en la decisión la mayoría absoluta. Aunque, claro está, que mucho mejor es siempre una mayoría amplia, pactada por los grandes partidos nacionalistas españoles, lo que evitaría, entre otras cosas, futuras reversiones de los acuerdos de financiación con unas nuevas mayorías.

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La reconocida dificultad fáctica para encajar un nuevo cupo comporta, por tanto, dos argumentos falaces. Primero. Si más recursos se derivasen para Catalunya, ello no ha de suponer necesariamente menos recursos para las demás Comunidades. El Estado, que lo recauda prácticamente todo, tiene un 'reservoir' que no ha dejado de crecer sin haberlo compartido mayormente con las autonomías. Es el conocido como desequilibrio vertical. Las necesidades de gasto resultan de las competencias de las CCAA mientras el Estado es quien hace caja con los mayores ingresos. Por lo tanto, con más recursos centrales, la actual redistribución, si se quiere mantener, es factible sin que nadie pierda. Segundo. La factibilidad del pacto fiscal catalán ciertamente dependerá de la cuantía con la que se dote el Fondo de solidaridad, y por supuesto, si entre todos se intenta reconducir el sistema vasco hacia posiciones igualmente solidarias. Y es que el modo en que se ha de calcular el cupo no está recogido en la CE ni en ninguna ley que sea mínimamente transparente. Lo que sí se sabe es que, como resultado, las Comunidades forales acaban con una financiación privilegiada de casi el 70% más de recursos per cápita respecto de la media de la financiación de las Comunidades de “régimen común”. A ver si vamos a aceptar todos que hacer posible lo insolidario del sistema vasco sea la coartada que impida el pacto solidario catalán. Además, ¿en qué principio normativo de la teoría del federalismo fiscal se reconoce que una jurisdicción federada es demasiado grande para tener su 'foedus' (pacto)? Y en cualquier caso, ¿estamos seguros de que la redistribución territorial actual, sometida a la cláusula del 'statu quo' (que nadie pierda), es una solución eficiente y equitativa como para arriesgar con una nueva negativa a la propuesta catalana el reencaje de Catalunya en el Estado español?

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