Opinión | Apunte

Agustí Sala

Agustí Sala

Redactor jefe de Economía

Telefónica: El Gobierno, al aparato

El Estado inicia su desembarco en Telefónica

El Gobierno blinda Telefónica con un nuevo núcleo duro español frente a Arabia Saudí

El Gobierno blinda Telefónica con un nuevo núcleo duro español frente a Arabia Saudí / Cedida

Lo anunciaron tras conocerse que la saudí STC aspiraba a ser la primera accionista de Telefónica. Y lo han consumado. El Estado, a través de la SEPI, ha desembarcado ya en el capital de la operadora con un 3% y el objetivo de llegar al 10% del capital. Son más de 2.300 millones de euros a precios actuales, que pueden subir ante estas noticias, para ser el primer socio de un grupo que el Ejecutivo considera estratégico y justo al consumarse la fusión Orange-MasMovil.

Todo ello dos décadas después de la privatización total de la operadora, que este año ha cumplido su primer siglo. El proceso lo inició Felipe González (PSOE) y lo culminó José María Aznar (PP) en 1997, y luego colocó como presidente a su compañero de pupitre, Juan Vilalonga.

Hoy la prioridad es preservar una empresa con intereses en las telecomunicaciones y la defensa y blindar un núcleo accionarial con dos socios que lo son desde hace 30 años: BBVA y La Caixa, que cederá el protagonismo de CaixaBank a su accionista, Criteria, tras reducir esta misma semana su participación del 3,51% al 2,51%. Mientras, el brazo inversor de La Caixa mantiene su participación del 2,6% y prevé elevarla al menos al 5%, una cota similar al del banco vasco.

Que el Estado actúe así no es una anomalía en Europa. Lo era desprenderse del 100% de negocios estratégicos. Pese a las privatizaciones de los años 90, otros estados retuvieron participaciones en este y otros sectores. Alemania tiene el 30% de Deutsche Telekom; Francia, el 13,4% en Orange y controla la eléctrica EDF; e Italia quiere aumentar llegar al 20% en Telecom Italia y es accionista de la elétrica Enel. Y son compañías que no se frenan al desembarcar en otros países (Orange, por ejemplo; o Enel en Endesa).

La incógnita es si el Estado solo actuará de protector de un activo que dará suculentos dividendos. Una cosa es vigilar los intereses de los contribuyentes, que seremos dueños de la décima parte de Telefónica, y la otra usar la influencia en una gran empresa para fines poco ligados al libre mercado. Recordemos la mayoría de las difuntas cajas.

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