El crucigrama catalán condiciona más que nunca el español

Todas las previsiones y calendarios han saltado por los aires al liarse la manta a la cabeza los Comuns y no apoyar el presupuesto previamente pactado en Catalunya por ERC y el PSC. Si el gran día debía ser el 13 -aprobación de la ley de amnistía-, finalmente lo fue el 12 por inesperado: el president de la Generalitat, Pere Aragonés, decidió la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones para el 12 de mayo; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por prorrogar los presupuestos de 2024 con fundadas razones de que, en el fragor de la precampaña electoral, no hubiese forma de negociarlo con los nacionalistas catalanes sitos en el Congreso; y asomó en Bruselas Carles Puigdemont para prever que estará en Barcelona para la sesión de investidura en el Parlament que salga de las urnas de mayo.

Es difícil que puedan pasar más cosas en menos tiempo para que la incertidumbre ocupe por completo el espacio político. El enfado del PP en la sesión del jueves y el anuncio del Apocalipsis por Vox, motivados ambos estados de ánimo por la aprobación de la amnistía, no fueron capaces de sorprender y despertar interés -era lo esperado- ante las sorpresas del día anterior. Si es obvio desde hace meses que la resolución del crucigrama catalán condiciona la resolución del español, ahora lo es aún en mayor medida y es obligado preguntarse hasta qué punto puede todo ello redundar en un acortamiento de la legislatura, un enrarecimiento de la atmósfera en la coalición PSOE-Sumar y dónde puede el PP sacar tajada. Es asimismo necesario disponer de versiones sustantivas sobre las pulsiones que han movido a los Comuns a llevar los presupuestos catalanes a un callejón sin salida, y cuál es su papel en el variopinto conglomerado que es Sumar.

Las explicaciones dadas por Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, en la edición del martes de La noche en 24h fueron las que cabía esperar y, en consecuencia, resultaron insuficientes. Parece que el proyecto de casino de la compañía Hard Rock, del todo discutible y seguramente inadecuado por la emergencia climática y la sequía, no es suficiente para justificar el portazo a los presupuestos, y se antoja muy pobre la explicación según la cual el dosier del Hard Rock fue una línea roja insalvable dibujada en su día por el PSC. Porque con parecida obstinación trazó Jessica Albiach una línea roja asimismo insalvable: o se renunciaba al proyecto del Hard Rock o no había apoyo a los presupuestos. Si todo fue fruto de un error de cálculo -la dirección de los Comuns no previó que Aragonés podía convocar elecciones- o de planes de futuro equivocados importa menos que el hecho de que el equipo de Albiach sopesó los riesgos de la operación con balanzas muy mal calibradas.

Sucede así que las complejidades asociadas a la aprobación de la ley de amnistía, que ahora pasará al Senado -dos meses de trámites de demora a cargo del PP- y luego regresará al Congreso se cruzan con los recursos y maniobras orquestales en los tribunales, españoles y de la UE, antes de que quede despejado el camino de su aplicación. Porque más allá de que Carles Puigdemont pueda figurar en una lista de Junts, los vaticinios sobre su posible regreso a España quedan a expensas de una serie de variables en las que tendrán un peso determinante las interpretaciones judiciales, de forma especial en la determinación de qué es y qué no es terrorismo. Algo que parecía resuelto y asumido por la opinión pública, que durante decenios hubo de soportar las fechorías de ETA, y que, sin embargo, el proceder de algunos togados obliga a partir de cero o al menos esa es su pretensión.

De la profusión de digresiones jurídicas difundidas por los medios es fácil concluir que la directiva europea de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo, y la noción de terrorismo que figura en el artículo 573 del Código Penal español no transitan por caminos muy diferentes. De hecho, el artículo 1 de la directiva especifica que su pretensión es establecer unas “normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y las sanciones en el ámbito de los delitos de terrorismo”, tal como explica en el diario Ara el profesor Miquel Palomares, letrado mayor del Parlament. Y por ser la directiva una norma de mínimos no rectifica o se superpone con el concepto de terrorismo que figura en el Código Penal.

A partir de ahí, se multiplican los posibles juegos de manos que, de haberlos, serán posteriores al desenlace electoral, a la sustanciación de los recursos presentados porque, en última instancia, todo dependerá del criterio de los jueces al aplicar la ley de amnistía; el regreso de Puigdemont quedará a expensas de variables no siempre fáciles de concretar. Cuando un funcionario de Bruselas versado en derecho dice que “cada país tiene su propio pensamiento histórico”, no cabe más que un corolario: todo es posible, sea cual sea el resultado del 12 mayo y sea cual sea el grado de cohesión del Gobierno de Pedro Sánchez, que es inimaginable que salga sin mella de los debates en el Congreso, del desgaste consustancial a la aprobación de la amnistía, de la activación de los recursos, del caso Koldo -no mengua la pestilencia- y del rumbo de la campaña electoral en Catalunya, donde será inevitable que el PSC y los Comuns crucen reproches. Por no hablar del caso González Amador o caso Ayuso, difícilmente soslayable por el PP a tenor de las flagrantes contradicciones entre el contrataque de la presidenta de la Comunidad de Madrid y la admisión del delito por su pareja el 2 de febrero.

Todo ello tendrá su peso específico en las próximas semanas y meses; nada podrá quedar al margen del enardecimiento del debate político, en aumento a cada día que pasa. Tristemente, todo vale para desgastar al adversario, aunque la consistencia de los argumentos sea a menudo de una inconsistencia lacerante. En otras circunstancias, sería sensato esperar a la próxima hornada de encuestas para aquilatar hasta qué punto la convocatoria electoral, la amnistía y sus consecuencias y los casos de corrupción han modificado las preferencias de voto. Ahora, la demoscopia aparece superada por los acontecimientos, por esa multiplicación de razones para el enconamiento a ambos lados de la divisoria y por el descreimiento de una opinión pública que emite señales de cansancio. Nada de eso sería demasiado importante si no dañase la cultura democrática.