Más sector público, menos sociedad civil, más burocracia

Uno de los rasgos característicos de un país avanzado es tener una sociedad civil fuerte. Catalunya la ha tenido, pero mucho me temo que en estos momentos la está perdiendo. La Administración pública, a la voz de 'quien paga, manda', está invadiendo muchos de aquellos espacios en los que lo público era de la comunidad y no de la Administración. El empuje invasivo de la política actual erosiona así el capital social y genera el abandono de muchas actividades del llamado tercer sector.

La embestida proviene de políticos, cuadros funcionariales y órganos de control contable. Estos últimos siguen la consigna de que "si hay dinero público, la gestión debe ser pública también". Y, erróneamente, interpretan que esto implica gestión directa e intervención administrativa previa. Esto significa que la influencia política de quien manda coyunturalmente lo invada todo -de lo que se lamentarán, después, cuando se esté en la oposición-, y que los cuadros administrativos al control paralicen con todas sus fuerzas una actuación, por eficiente que sea, para salvaguardar normas y procedimientos.

Esta forma de hacer hace imposible gestionar propiamente muchos servicios; desde la sanidad, los sociales y educativos, o incluso las artes escénicas. Además, esta vía de rastreo del dinero público fagocita a manos políticas, sin cesar, cualquier acción suficientemente subvencionada. Quizás lleguen algunos a la barrabasada de reivindicar la expropiación del sector farmacéutico, ya que mayormente vive de la compra pública de medicamentos. O a embargar la gobernanza de una fundación privada por financiarla en buena parte; o absorber al completo las nóminas, como en el caso de los profesores de conciertos escolares, o como se está haciendo con el transporte sanitario, sin que se conozca posible freno.

Algunas de estas actuaciones tienen agenda oculta, sindical o de grupo a presión, buscando el espejo de la función pública en retribuciones y, sobre todo, en condiciones de trabajo. Otros casos son muestra de pura ingenuidad de quien compara la efectividad de las nacionalizaciones, mirando retribuciones nominales sin saber calcular costes unitarios efectivos por hora trabajada, en servicios en los que la productividad importa. Sin embargo, ambos casos llevan a una pendiente peligrosa, tanto en los daños motivacionales de servir a la comunidad menos que al Gobierno de turno, como de dejar a responsabilidad pública política cosas que son de responsabilidad social.

Las actuaciones que requieren potestad y autoridad deben comportar una sobredosis de control y legalidad, precisamente para evitar los abusos del Estado que las ejerce en gestión directa. Para el resto de actividades, de provisión de bienes y servicios para la gente, el supuesto debería ser el contrario. Que demuestre el sector público que las carencias de su gestión directa son menores a las de la concertación privada -social sin ánimo de lucro, si se desea- que pretende sustituir, a la vista de los incentivos al servicio, los costes relativos, la flexibilidad y la adaptación a los cambios. La realidad es justo a la inversa de lo que ahora se está asumiendo. Todo esto que comento no es nuevo. Está, entre otros, en el informe para la modernización de las administraciones públicas catalanas, comisión que el president Mas me pidió presidir, pero se ha ignorado y, por la vía de los hechos, falseado. Aunque de vez en cuando la propia Administración se apunta también a renegar de la burocracia, como por ejemplo con las quejas de los campesinos, que ella misma ha creado.

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