Aislar el narco

El asesinato de los guardias civiles David Pérez Carracero y Miguel Ángel González al ser arrollados deliberadamente por una narcolancha en el puerto de Barbate mientras esa bárbara acción era jaleada por unos desaprensivos desde tierra obliga a prestar atención a diversos fenómenos que, concatenados, evidencian las dificultades con las que se enfrenta la lucha contra un narcotráfico cada vez más fortalecido en España, que ya no solo es una de las principales vías de entrada de droga en Europa y uno de los países con más consumidores sino que también se ha convertido en un gran productor.

El incidente no puede dejar de relacionarse con la falta de medios materiales y humanos. Desde el punto vista material, porque el desdichado suceso tuvo lugar como consecuencia de la flagrante inferioridad de condiciones de la Guardia Civil respecto a los narcotraficantes, una endeble zódiac frente a una planeador ilegal de tamaño y potencia muy superior. El Gobierno, en una clásica respuesta incremental, ha aumentado el dotación de embarcaciones e incluso se ha planteado la posibilidad de contar con la Armada. No obstante, no es que la Guardia Civil no disponga de embarcaciones ni de recursos sino que en el momento de la incursión todas las patrulleras estaban averiadas por lo que el problema no solo pasa a ser de medios sino también de planificación. 

Desde el punto de vista humano, la presunta falta de efectivos se ha atribuido al desmantelamiento de la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico, la Ocon Sur, que fue impulsada por el propio ministro Fernando Grande-Marlaska y que fue encargada de combatir esta actividad en Andalucía cuando el control del territorio por parte de clanes locales de narco amenazó con irse de las manos a la policía y la justicia. Este desmantelamiento, que según el ministerio no implica la reducción del número de agentes dedicados a la lucha contra la droga, parece responder a la existencia a irregularidades internas que están siendo investigadas y a la posibilidad de que dicha unidad pudiera haber sido intoxicada por las mafias, una práctica habitual este tipo de organizaciones criminales, o, en cualquier caso, pudiese estar viciada por querellas internas. 

La capacidad de atracción que pueden ejercer las mafias en policías, políticos o jueces corruptibles es un problema de primera magnitud que pone en peligro la capacidad del Estado para luchar contra todo un conjunto de actividades delictivas que se solapan. No en vano las mismas lanchas que se usan para el narcotráfico se usan para el tráfico de personas. Y esa misma capacidad de atracción se extiende a un elevado número de personas que han hecho del narcotráfico y de la industria derivada su forma de vida, lo que puede conducir a un grado de apoyo social que dificulte aún más toda actuación policial. A modo de ejemplo el narcotráfico se ha convertido en una importante fuente de ingresos en una zona altamente deprimida. De qué otro modo si no se explican los gritos de apoyo jaleando a los narcotraficantes en el puerto de Barbate. Con todo, dentro de la desgracia, quizá su muerte, y el bochorno por esta actitud que comparten los muchos ciudadanos que ven preocupados las actividades que se desarrollan en su tierra, sirva de revulsivo para atajar el envalentonamiento de la delincuencia organizada.