Los detenidos de Barbate, juntos en Puerto II pese a las recomendaciones de dispersión de narcos

Desde la pasada noche, Kiko el Cabra y los otros cinco narcos presuntos autores del doble asesinato de guardias civiles en Barbate forman parte (de nuevo) de la población carcelaria. Los seis llegaron a las 22:30 al centro penitenciario gaditano Puerto II, y pasaron la noche en el módulo de ingresos, conforme al protocolo habitual.

Los seis permanecen juntos este martes en ese módulo, informan fuentes penitenciarias, y a la espera de que el equipo de tratamiento del centro decida dónde los ubica… dentro del mismo recinto y teniendo en cuenta que la jueza de Barbate decidió mandarlos a prisión sin fianza y comunicada.

Su situación, no obstante, está pendiente también de una posible aplicación del artículo 10 de la Ley Orgánica Penitenciaria, que prevé meter en el llamado “régimen cerrado” a internos preventivos a los que, como estos, se les atribuyen asesinatos y reúnen características específicas de peligrosidad. Ese régimen implica, por ejemplo, apenas poder mantener relación con otros presos en actividades comunes.

No es de momento posible disgregarlos: se impone el impedimento legal que protege a los preventivos, pese al riesgo, del que advierten fuentes de la Seguridad del Estado, de que, una vez más, un grupo de narcotraficantes detenidos en una misma operación policial concierten sus declaraciones, e incluso se impongan disciplina entre ellos, para tratar de eludir lo máximo posible de la acción de la Justicia.

Dispersión improbable

El escándalo por el crimen de Barbate levanta de nuevo entre los especialistas policiales y penitenciarios las voces que desde hace dos años piden al Gobierno un programa de dispersión de los narcos en las cárceles, en parecidos términos al que se desarrolló para presos de ETA en tiempos del ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Es “un tema que suele salir -dice un directivo del Cuerpo Nacional de Policía- pero de difícil solución”.

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"La dispersión de estos presos es poco probable”, apuntan fuentes penitenciarias sobre los inculpados por el atropello mortal de los guardias en Barbate,. Siendo preventivos -por más que tengan antecedentes y sean conocidos en las cárceles- no se les retira el derecho común del preso a que se le tenga en el lugar más cercano al de su arraigo personal y familiar… salvo que se impusiera la necesidad de preservarlos de algún peligro o se enfrentaran gravemente entre ellos o, en fin, acumularan varios de los llamados “incidentes regimentales”.

Puerto II es una prisión de 700 plazas, sin hacinamiento y, de los tres penales de El Puerto de Santa María, el más dedicado a presos preventivos. En esa cualificación están ahora los incriminados del caso de Barbate, como buena parte (no se ha dado a conocer el porcentaje oficial) de los narcos que se concentran en cinco centros penitenciarios andaluces: Puerto I, II y III, Archidona y la cárcel malagueña de Alahurín de la Torre.

Según datos de Interior de diciembre pasado, hay en toda España 7.368 condenados por delitos contra la salud pública. De ellos, 6.531 cumplen pena en cárceles bajo control estatal. De 12.534 presos alojados en centros de Andalucía, las cuatro prisiones de Cádiz encierran a 3.097 internos entre preventivos y penados. Un 40%, estiman fuentes policiales en la zona, provienen de causas por delitos de narcotráfico y derivados, como el blanqueo.

La casa del narco

“Ningún preso narco quiere salir de Botafuegos; por algo será”, indica un mando de la Policía Nacional en Málaga. Se refiere a la cárcel de Algeciras, la que mayor proporción de penados por tráfico organizado de drogas alberga en España. “Cada vez que voy por allí los veo disfrutando en compañía, muy arropados entre sí”, relata.

En Botafuegos se reúnen narcos de todos los clanes del Campo de Gibraltar. “Se conocen desde niños. Cuando se ven en prisión, se cuentan sus cosas, se pasan mensajes, se tapan entre sí… A uno le consiguen un teléfono y ya se pone a lo suyo: negociar un coche de carga para el próximo alijo”, lamenta el policía.

En 2022, en la prisión de Botafuegos intervinieron los funcionarios 138 teléfonos móviles que escondían los presos, el 5% de todos los celulares -prohibidos intramuros- incautados en cárceles españolas. El dato da idea de la osadía que se permiten los narcos donde son mayoría, y más el dato acumulado: en cinco años hasta 2021, se interceptaron en la cárcel algecireña 700 móviles, muchos de última generación.

Una alta concentración de narcos entre las mismas rejas favorece también su capacidad de comprar a los funcionarios. En julio pasado, Botafuegos otra vez: fue detenido un funcionario que trabajaba para una red de asistentes de narcos, que colaba teléfonos y droga con drones.

Siendo los funcionarios y las pandillas de presos narcos residentes en el mismo lugar, es también más fácil la amenaza: “Saben dónde vives, a qué colegio va tu hijo, y te lo sueltan en el patio de la prisión”, relata un funcionario veterano.

Según el peligro

Hasta el momento, la única dispersión que se impone es la que pueda implicar lo que contenga el Fichero de Internos de Especial Seguimiento. Cuando un capo entra en la cárcel, los policías o guardias que lo han investigado rellenan un formulario para su clasificación en el FIES según su peligrosidad. Los más conflictivos y los asesinos, incluidos en el FIES 1, no permanecen demasiado tiempo en la misma prisión.

Pero la mayoría de las fuentes policiales y penitenciarias consultadas insisten en pedir más dispersión. “Una concentración excesiva de presos narcos en una sola cárcel mantiene activa la relación entre jefes y gregarios, permite que el jefe no tenga que mancharse las manos en nada dentro, y propicia la relación entre sí de distintos cárteles”, dice Joaquín Leyva, veterano funcionario penitenciario y portavoz del sindicato Acaip, mayoritario en las prisiones.

Hace dos años, esa central denunció los privilegios que depara a los narcos el no ser dispersados. “Que haya presos de varias bandas juntos complica el tratamiento penitenciario, impide la reinserción, nos crea grupos organizados en el interior y obliga a multiplicar por tres la seguridad, por si se pelean”, explica Leyva.

Otras fuentes penitenciarias explican que "se trabaja siguiendo el precepto legal que ordena el tratamiento individualizado de cada preso. Los equipos técnicos miran exahustivamente las circunstancias judiciales, de seguridad, personales y de arraigo de cada preso. A nadie se le clasiica o emplaza automáticamente".

“El Campo de Gibraltar no es México, pero relaciones entre clanes de hachicheros que antes no existían, ahora son reales porque nacieron en una cárcel de Andalucía”, opina un agente del Servicio de Información de la Guardia Civil, y se pronuncia también en favor de la dispersión, incluso a distancias como la que hay entre Algeciras y Santander: “Sería útil para romper los clanes y para que los capos no se vean impunes. Un hombre que es todo un personaje en La Línea de la Concepción no es nadie en el penal de El Dueso”.

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