Acoger mejor, y entre todos

De los más de 40.000 inmigrantes que llegaron en cayuco a las islas Canarias el año pasado, 5.500 eran menores de edad. Se trata de una cifra récord que no para de crecer, provocando inquietud social y sobre todo un problema humanitario, como ponen de relieve los testimonios que publicamos hoy. Tras ellos hay una cifra que no para de subir, como demuestran los datos de enero: más de 7.200 inmigrantes llegaron a Canarias en un solo mes, de los cuales 900 eran menores. Como consecuencia de ello, esta comunidad tutela actualmente a 5.150 niños o adolescentes extranjeros en 70 centros de acogida. Se trata de una situación extrema, que no puede continuar. El continuo aumento de estos menores extranjeros no acompañados y su precaria situación pone de manifiesto no solo las insuficiencias de las políticas migratorias de la Unión Europea. También revela los déficits que presenta su gestión por parte de España. 

Las historias, con nombres y apellidos, relatadas por redactores de este diario sobre las lamentables peripecias que viven algunos de estos menores en el proceso de reparto entre las diferentes comunidades autónomas no son propias de un país desarrollado y que ha suscrito todos los convenios sobre derechos de la infancia. Por otra parte, la falta de una gestión eficaz, ágil, propia de una situación de emergencia como la que vivimos, contribuye a suscitar una alarma social aprovechada por los amantes de las devoluciones exprés y la externalización de las fronteras. Abordar la cuestión migratoria requiere amplitud de miras. Este es el espíritu que ha animado la Unión Europea para definir una nueva estrategia que compagine el control de los flujos con el respeto de los derechos humanos, las necesidades de mano de obra y la búsqueda de un futuro mejor por parte de quienes emigran. En este contexto, la acogida de menores requiere una atención particular. Con políticas específicas, recursos suficientes y una empatía que dé prioridad a su condición de menores sobre su origen.

Hace falta que su distribución en todo el territorio responda a criterios transparentes, sin reticencias ni juego bajo mano para redirigir contingentes a otras comunidades sin acompañamiento ni control. Con los medios suficientes para que las comunidades autónomas puedan atenderlos decentemente. La ruta de Canarias no es la más transitada a escala comunitaria (según Frontex, el 68% de los migrantes que llegaron por mar a la UE, en 2023, lo hicieron via Italia). Sin embargo, seguirá siendo la vía de llegada más numerosa en lo que a España se refiere, mientras Marruecos vigile el Estrecho y el Mar de Alborán y la situación del Sahel siga empeorando. Para hacer frente a esta situación, hace falta más gestión y más planificación. Reforzar la presencia de España en Senegal y Mauritania y controlar las mafias que tratan con los menores, sobre todo con las niñas. Mientras tanto, conviene disponer de un mecanismo de traslado de estos menores a las comunidades y de acogida compatible con los derechos de la infancia. En ese sentido, la propuesta del Gobierno canario de crear una organización nacional de protección de menores extranjeros no acompañados que coordine este reparto parece razonable, aunque sería preferible que una sincera y activa coordinación interterritorial no hiciese necesario un recurso de este tipo, teniendo en cuenta la magnitud de un desafío que permanecerá en el corto y medio plazo.