Socios a prueba

Ya lo advirtió el lehendakari Urkullu antes de la investidura de Pedro Sánchez: si era investido, a diferencia de la anterior legislatura, necesitaría «de todos los votos, de todos los partidos que le hayan elegido, todo el tiempo». Del dicho al hecho. El Gobierno no dispone aún de los votos necesarios para convalidar los tres decretos que se debatirán el miércoles en el Congreso.

Este resultado dibuja el actual escenario parlamentario español: de una situación de bipartidismo imperfecto hemos ido evolucionando a un bibloquismo no menos imperfecto. Los bloques en escena no responden tanto a un eje programático como a dos frentes de rechazo mutuo. En el plano ideológico, en el bloque de la investidura conviven fuerzas de izquierdas, como la coalición entre PSOE y Sumar, con la izquierda soberanista (ERC, Bildu y BNG), el nacionalismo de centroderecha (JxCat y PNV) y el accidentalismo de Coalición Canaria. Y si les une el rechazo a una España uniforme y uniformizadora, tampoco se puede decir que compartan un modelo determinado de España plurinacional.

Con independencia del resultado del test del miércoles, es evidente que en la acción de gobierno resultará cada día más complejo contar con todos los votos de la investidura todo el tiempo con componentes de intereses tan heterogéneos. En este caso son dos socios muy dispares los que se resisten aún a dar su aval. Por una parte, JxCat, en una posición más táctica que estratégica, esgrime que los decretos agravan la infrafinanciación de Catalunya, suponen un recorte de competencias y dificultan la aplicación de la amnistía. Por otra parte, Podemos: tras abandonar el grupo de Sumar, plantea las primeras dificultades al Gobierno en el tercero de los decretos, impulsado por el Ministerio de Trabajo, sobre medidas laborales que incluye la reforma del subsidio de paro.

Los otros dos decretos que se someten a validación son el que extiende al 2024 parte del paquete anticrisis y un decreto ómnibus que incluye otras medidas relacionadas con la recepción de los fondos europeos e incluye la trasposición a la legalidad española de las cuestiones prejudiciales ante el TJUE, lo que según Junts puede convertirse en un recurso para frenar la aplicación de la amnistía pero que, como la misma ERC reconoce, no supone ningún cambio sobre la situación actual. Del aval de este texto, como se insiste desde el Gobierno, depende que España pueda percibir la cuarta partida de los fondos Next Generation.

El presidente del PP se ha mostrado dispuesto a promover la abstención de su grupo, el primero de la Cámara, para convalidar el decreto a cambio de tres condiciones en forma de enmienda, modificaciones (estas, y algunas de las que incomodan al bloque de la investidura) que serán más fácil de integrar si el decreto se tramitase como proyecto de ley. Algo que el Gobierno podría haber hecho de entrada, facilitando el debate de cada una de las medidas en función del interés general, en lugar de presentar un menú cerrado a sus socios ante el que posicionarse en bloque.

Es evidente, en todo caso, que el panorama dibujado resulta estéril para los intereses de los ciudadanos. El PSOE y el PP, como grandes partidos de gobierno, deben recuperar la transversalidad política en los temas de Estado. La política anticrisis y los imperativos de Bruselas son algunos de ellos.