Las fronteras de Europa, una excepción en la legalidad

Es urgente cambiar las políticas migratorias de la UE. Si en algo coinciden la sociedad civil, los estados miembros e incluso las instituciones europeas es en esta afirmación. Pero Europa hace casi una década que intenta ponerse de acuerdo. Después de años de negociaciones fracasadas, la presidenta de la Comisión Europea admitía en 2020 que hay que reformar el sistema común de asilo que, en realidad, no ha sido nunca ni común ni de asilo, porque ha sido incapaz de repartir responsabilidades entre países y cumplir con las obligaciones de acogida de personas refugiadas.

Desde aquel momento, y lejos del foco mediático –demasiado saturado de debates populistas sobre las migraciones–, se ha ido avanzando en la negociación del pacto europeo de migraciones y asilo, que aspira a ser la nueva hoja de ruta de la política migratoria de la UE. Y ahora hay prisa. Prisa porque en 2024 habrá elecciones europeas y la UE necesita mostrar consenso. En esta cuenta atrás, la presidencia española del Consejo se ha propuesto la misión –hasta ahora imposible– de llevar las negociaciones a buen puerto, y todo apunta a que antes de que acabe el año se podría hacer público el acuerdo sobre el pacto. ¿Qué dice el pacto y que supondría aplicarlo tal como está hoy?

El pacto es un puzle complejo de propuestas legislativas, difíciles de entender para quienes no estamos en los fogones de la política migratoria. A la vez, su contenido es determinante para la vida de muchísimas personas, porque define cómo la UE gestiona sus fronteras y cómo trata a las personas que llegan. A pesar de ser anunciado como "nuevo comienzo", el pacto está cocinado con los mismos ingredientes que permiten la violencia y la muerte en las fronteras europeas. De hecho, empeora el modelo actual porque institucionaliza las malas prácticas, denunciadas no solo por organizaciones y movimientos sociales sino también por la ONU. Y lo hace a base de tecnicismos que parecen inofensivos.

Si se aprueba, el pacto convertirá las fronteras en espacios fuera de la legalidad. Bajo el nombre de "control previo a la entrada", permitirá crear una ficción legal según la cual las personas que entren por vías irregulares se considerarán en tierra de nadie. En la lógica de la trampa, alguien que consiga desembarcar –sin perder la vida en el camino– en una costa española o italiana no se considerará en territorio europeo. Y si no existe territorio, tampoco las leyes y los derechos que se aplican. ¿De verdad queremos vivir en una UE con limbo jurídico?

Si se aprueba, el pacto hará habituales las detenciones masivas, incluso de menores. En la práctica, el "procedimiento en frontera" implicará retener a las personas migradas y refugiadas y privarlas de libertad durante meses, incluyendo niños y niñas mayores de 12 años. A veces, hasta su deportación. ¿Nos imaginamos a nuestra familia encarcelada por el simple hecho de haber cruzado una frontera?

Si se aprueba, el pacto aumentará la presión en los países de llegada que, como España, asumen un mayor esfuerzo de acogida. Lejos de crear un mecanismo de corresponsabilidad entre los 27, el pacto permitirá pagar por no acoger: 20.000 euros por persona rechazada. ¿Nos imaginamos tener que huir de casa y que alguien ponga precio a nuestra protección, a nuestra supervivencia?

Y si todo falla, el pacto permitirá apelar al concepto comodín de 'crisis' para saltarse las obligaciones internacionales y convertir en excepción las normas de los derechos humanos.

En su forma actual, el pacto no resuelve ninguno de los retos de la UE: no reduce presión en los países de llegada, no erradica la violencia institucional en las fronteras y no construye un sistema de asilo justo, funcional y con garantías. En cambio, convierte la gestión migratoria en la gran excepción para los derechos humanos. Y esto tendría que preocupar también fronteras adentro. Porque rebajar los estándares de derechos para las personas migradas no es solo un retroceso para quien está en esta situación, sino para el conjunto de la ciudadanía. Y si permitimos vía libre a las vulneraciones de derechos, estaremos entrando en un peligrosísimo carril de sentido único.