De la manifestación al escrache y viceversa
Albert Sáez
Director de EL PERIÓDICO
Soy periodista. Ahora en EL PERIÓDICO. También doy clases en la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
Albert Sáez
Los partidos políticos tienden a interpretar las manifestaciones de una manera excesivamente sectaria. Cuando los simpatizantes del PSOE rodearon Génova en la víspera de las elecciones del año 2004, lo consideraron una muestra de la indignación popular por las mentiras del 11-M. Ahora, los mismos socialistas critican a los simpatizantes de Vox y del PP que se plantan cada noche en la sede de Ferraz. Igualmente, los independentistas consideran que se está tratando de condicionar la voluntad del Congreso cuando han organizado decenas de manifestaciones pacíficas para defender su causa. El juicio moral de una manifestación no puede depender del partido que la organiza. El derecho a la manifestación es una de las bases de la democracia. Y el Estado de derecho debe protegerlo. El problema es cuando a la manifestación se le suma el señalamiento y el escrache. Entonces el debate deja de ser entre ideas y pasa a tener un aire de persecución personal y de limitación de los derechos de otros ciudadanos. Y da igual si eso se lo hicieron a Aznar y ahora se lo hacen a Sánchez o antes se lo hicieron a Enric Millo y ahora se lo hacen a Carles Puigdemont. En todos los casos es igualmente reprobable y deleznable.
El pacto para la investidura de Sánchez y la ley de amnistía deberán ser debatidos y aprobados en el Congreso. Y los ciudadanos y los partidos que estén en contra tienen el derecho a manifestar su disconformidad. Y su protesta no se puede envolver en una amalgama con los grupos que se amparan en esas manifestaciones para ejercer la violencia como no se podía envolver cuando los antisistema se colaban en las colas de las manifestaciones contra la guerra de Irak. Lo que es impresentable es que cuando un partido se manifiesta, su adversario lo tache de escrache y viceversa. Es un mínimo de cultura democrática que sería más fácil de exigir a la población si las instituciones funcionasen con normalidad y el Consejo General del Poder Judicial se renovara a tiempo o el Congreso se abriera.
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