Boicot judicial a la amnistía

El pronunciamiento institucional contra la amnistía aprobado en una reunión extraordinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocada a petición de ocho de los vocales conservadores es una más, pero quizás la más relevante, de las acciones emprendidas por las derechas, no solo las políticas, contra la ley que Pedro Sánchez está negociando con Carles Puigdemont y ya ha acordado con ERC. Se trata de un pronunciamiento preventivo contra una norma de la que todavía no se conoce ni su alcance ni contenido, pero que parte de la judicatura se siente en condiciones de calificar como «la abolición del Estado de derecho en España» (el sector conservador mayoritario del CGPJ) o como «el principio del fin» de la democracia (la Asociación Profesional de la Magistratura). Esa actuación tiene, no obstante, una trascendencia más seria. Supone en la práctica un intento de injerencia en la autonomía del poder legislativo, que es el que deberá aprobar en su caso la ley y al que corresponde decidir sobre la investidura del presidente del Gobierno.

Los términos apocalípticos utilizados por los jueces conservadores van en sincronía con los esgrimidos por los líderes del PP y Vox, que también han convocado una ristra de movilizaciones preventivas, que ya saben que no frenarán la ley y que por lo tanto no son profilácticas sino simplemente el inicio de una campaña feroz contra Sánchez y el próximo Gobierno. Una labor de oposición que será aún más áspera que la vivida en la legislatura pasada. 

A estas iniciativas se ha unido la del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que dirige la investigación por las actuaciones de la plataforma Tsunami Democràtic contra Puigdemont y contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por un posible delito de terrorismo. Esta acción, emprendida en plena negociación, sí pretendería impedir la medida de gracia. 

Es cierto que en el error de reclamar pronunciamientos a ojos cerrados ha caído también el PSOE, que ha pedido el voto a sus bases sobre un acuerdo cuyo redactado aún desconocen. El apoyo mayoritario de la militancia no deja de ser un acto de fe en su líder y un ejemplo de cómo se desarrolla ahora la vida interna de los partidos y del poder de sus dirigentes.

Lo sorprendente, no obstante, de la iniciativa del CGPJ es que la adopta un órgano judicial que terminó su mandato hace cinco años y que se encuentra, por tanto, en una situación de interinidad que pone en cuestión su legitimidad. No solo porque magistrados progresistas como los de Juezas y Jueces para la Democracia consideran que la declaración sobre la amnistía de esa institución supone un abuso de las atribuciones legales que ostentan sus vocales y «una invasión de la exclusiva función del juicio de constitucionalidad que solo al Tribunal Constitucional corresponde». También porque son esos mismos consejeros los que han apoyado el bloqueo del PP a su renovación (o al menos no se han rebelado contra él). En ocasiones como estas queda claro que tras la decisión de no renovar el CGPJ, más allá de la veintena de justificaciones que han dado los populares, subyace la intención de mantener una mayoría que les permite utilizar la institución como ariete contra el Ejecutivo.