La tribuna
Jordi Nieva-Fenoll

Jordi Nieva-Fenoll

Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona.

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¿Respeta la amnistía la división de poderes?

El Parlamento tiene como una de sus funciones corregir los excesos de los jueces

Leonard Beard

Leonard Beard / Leonard Beard

Se van a desplegar en los próximos días y meses -tal vez-, bastantes argumentos a favor y en contra de la amnistía. La enorme mayoría de lo que oigan, incluso de juristas, será emocional. Es muy difícil aislarse de la propia ideología para formular juicios técnicos que tienen implicaciones políticas. Piensen solamente que aquellos que atacan ahora a sangre y fuego la amnistía y los anteriores indultos, estaban totalmente a favor de indultos de políticos condenados por corrupción hace años, o al menos no dijeron esta boca es mía. El fenómeno también sucede al revés. Algunos que se ponían como hidras por aquellos indultos a políticos, o incluso criticaron la amnistía a franquistas en 1977, ahora pueden estar completamente a favor de esta amnistía.

Dicho lo anterior, les comenzaré diciendo que estoy a favor de esta amnistía. He vivido en Catalunya los efectos balsámicos de los indultos y hasta el descenso drástico del voto independentista. Sé, por tanto, que esta amnistía no promoverá el "ho tornarem a fer", que es lo que algunos temen, y creen -todavía- que el castigo es pedagógico... El independentismo sigue y seguirá existiendo, pero en su mayor parte ha comprendido que, por muy variadas y poderosas razones, es absurdo infringir el marco constitucional para conseguir sus objetivos.

Dicho esto, no puedo olvidar que la amnistía, igual que el indulto, son instituciones predemocráticas. Considero, no obstante, que debe existir alguna posibilidad de olvido de hechos potencialmente ilícitos en situaciones excepcionales en las que, como ha sido esta, los procesos judiciales no resuelven los conflictos que están llamados a afrontar, sino que los empeoran de manera relevante porque la justicia no existe para resolver problemas políticos.

De ahí precisamente deriva que deba realizarse un recto entendimiento de lo que representa la división de poderes. Copiando a los juristas ingleses con algunas aportaciones francesas, hemos decidido dividir el poder del Estado en tres sedes distintas para que no haya una sola institución que acumule todo el poder. Es decir, para evitar ser una dictadura. De ese modo constituimos en primer lugar el poder que representa nuestra voluntad como pueblo. Así nace el poder legislativo, es decir, el Parlamento, que expresa nuestra voluntad convirtiéndola en leyes.

A partir de ahí, en España sobre todo, se ha promovido -más que practicado- demasiadas veces una especie de independencia estricta de cada poder del Estado que no es real. El caso es que el Gobierno es elegido por el Parlamento escogiendo a su presidente, y dicho Gobierno debe ejecutar las leyes en lo concreto. No puede hacer su santa voluntad de espaldas al Parlamento. Dicho de otro modo, carece de independencia con respecto al poder legislativo, mientras que dicho poder, el parlamento, sí que es realmente independiente de cualquier gobierno. Y es bueno que sea así. Las mayorías absolutas rompen esa independencia generando una acumulación de poder letal para la democracia.

Algo parecido sucede con el poder judicial, como se encargaron de recordar una y otra vez los juristas ingleses del XVII y XVIII y los franceses de ese último siglo. No lo hacían por casualidad. Habían sufrido fuertes extralimitaciones de calado político por parte de los jueces, que tenían un vínculo directo con los reyes, monarcas absolutos hasta 1689 y 1789 respectivamente. Esos años marcan las dos revoluciones que lentamente trajeron la democracia a Europa. Pues bien, aquellos juristas no tenían dudas, y así lo dijeron, de que el Parlamento tiene como una de sus misiones principales corregir los excesos y errores de los jueces.

¿Fue la sentencia del 'procés' errónea y/o excesiva? Así lo expresaron ya algunos magistrados del Tribunal Constitucional. También hablará, en su día, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que sí es obvio es que el Tribunal Supremo enjuició un asunto con evidente contenido político, y ciertamente sus prisiones y su fallo no sirvieron para relajar la tensión institucional, sino que de hecho la aumentaron durante esos años, aunque no fuera su voluntad. Bien está, por tanto, que el Parlamento recupere lo que jamás debió haber salido de sus fronteras, y vuelva a protagonizar la política con la amnistía.