Un Govern que no puede bailar solo

Esta semana se ha desarrollado en el Parlament de Catalunya el debate de política general, la cita anual en la que se resume la función de control de la acción de gobierno que le corresponde a la Cámara. Un capítulo del calendario político que debería ser menos banal de lo que suele ser: uno de los logros de la construcción del Estado autonómico, un marco que hoy se minusvalora demasiado a la ligera, fue conseguir que estos órganos tuvieran la plenitud de funciones de una cámara parlamentaria (legislativas y de control) en los ámbitos de competencia de cada comunidad fijados en la Constitución y sus Estatutos. Sin embargo las sesiones finalizadas este viernes han quedado eclipsadas por el desarrollo en paralelo de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso: y no solo por esta incómoda coincidencia temporal sino por la instrumentalización de la actividad del Parlament en función de la agenda negociadora de las fuerzas independentistas en Madrid, con mociones vinculadas directamente a esta, y no a la acción del Govern o el ejercicio del autogobierno. Algo que en otro tiempo se habría ganado el ya fuera de uso adjetivo de sucursalista.

 Es cierto que más allá de los mensajes lanzados en clave de investidura, el ‘president’ Pere Aragonès planteó en su discurso iniciativas concretas como los cursos de catalán para sanitarios, la reformulación del cheque para material escolar o medidas aún sin concreción como la intervención del Institut Català de Finances en el capital de empresas clave o un plan de retorno de profesionales. Pero el resultado del debate no ha hecho más que mostrar la fragilidad del soporte parlamentario del Govern (33 diputados de 135) tras la ruptura con Junts y las reticencias para incorporar a otras formaciones en una nueva fórmula de colaboración parlamentaria, a pesar de las ofertas recibidas sigan en pie y la disposición de aceptarlas cada vez más cercanas. Más allá de las simbólicas declaraciones de pérdida de confianza aprobadas, la prueba de fuego, presente en todo momento durante el debate, será la posibilidad de aprobar los presupuestos de 2024, sin lo cual resultaría o imposible, o estéril, agotar la legislatura hasta febrero de 2025 como aspira Aragonès. Un posible acuerdo en Madrid debería facilitar el acuerdo presupuestario. Pero no debería de depender de esto, sino de satisfacer intereses y necesidades mucho más cercanas.

Gran parte de la atención, con todo, la han acaparado las mociones votadas por las fuerzas independentistas en que las que instan a los representantes de Catalunya en Madrid (en la práctica, a sí mismos) a condicionar la investidura de Pedro Sánchez a la aprobación de una ley de amnistía y de un alambicado compromiso de crear las condiciones que permitan la consecución de unas condiciones que permitan votar sobre el «futuro político de la nación catalana». No se pone el ejercicio del derecho de autodeterminación como condición (lo que supondría una línea roja insuperable para los socialistas), lo que mantiene la puerta del acuerdo más abierta que cerrada, pero sí se utiliza un lenguaje pensado para contentar al electorado propio al precio de dificultar su encaje por la otra parte de la mesa de negociación. Enrarecer el ambiente con gesticulaciones sin efecto legal es una complicación innecesaria que no hace más que dificultar el diálogo o dilatarlo para ganar tiempo que facilite la digestión de un acuerdo o la justificación de su imposibilidad.