Urge una política migratoria común

Afrontar las crisis migratorias masivas de una manera justa y solidaria entre los países miembros de la UE es uno de los grandes retos que debaten los Veintisiete desde hace años y para el que no se acaba de encontrar una salida consensuada. Es también una de las prioridades que se impuso la presidencia española de la UE, principalmente porque está en el interés de los principales países receptores de migrantes, España entre ellos, y de la comisaria de Asuntos de Interior, la sueca Ylva Johansson, aprobar un pacto sobre migración y asilo antes de que concluya la legislatura europea, en la primavera de 2024. Quieren, además, aprovechar para ello las presidencias española y belga, el próximo semestre, antes de que llegue el turno de Hungría, país que, con Polonia, bloquea el acuerdo al rechazar un reparto solidario de migrantes.

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En las últimas semanas se han dado algunos avances. Se ha acordado un reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, y otro sobre el procedimiento de asilo, que obligan a que todos los países actúen de igual manera cuando alguien llegue a su territorio solicitando protección internacional. Queda ahora por establecer un reglamento migratorio, una respuesta eficaz y ágil a las oleadas migratorias extraordinarias, que son cada vez más frecuentes, y que requieren de respuestas predecibles y rápidas. Se trata de coordinar actuaciones, de evitar demoras en la intervención de las administraciones y también aquellas circunstancias en las que las autoridades se ven desbordadas por las avalanchas de migrantes y con escasez de medios para responder. Más aún, se trata de prevenir situaciones, como algunas vividas, en las que se han visto afectados los principios humanitarios más básicos.

Es preciso, para ello, que todos los miembros de la UE entiendan que las oleadas migratorias no son problema exclusivo de los países a los que arriban los migrantes, especialmente España, Italia o Grecia, sino que sus costas, en estos casos, son solo las fronteras comunitarias a las que llegan personas desesperadas en busca de una vida mejor en cualquier lugar de la Unión. La migración es un problema común de los Veintisiete y los países que no están directamente afectados deben dejar de mirar para otro lado.

Para España el acuerdo es esencial. No solo porque sería un éxito de la presidencia española, también por interés propio. De hecho, en este momento se teme una nueva oleada de migrantes desde Senegal y Gambia, países que están registrando graves conflictos internos que llevan a muchos de sus habitantes a salir huyendo. Ya se ha empezado a notar un incremento de cayucos que zarpan de las costas senegalesas con destino a Canarias. Y en esta ocasión no se trata de lanchas pequeñas, sino que son embarcaciones que llevan a un centenar de personas a bordo.

Esa presión migratoria desde las costas de África Occidental puede crecer a lo largo de este verano. Urge, pues, que se establezca una normativa que regule cómo debe ser la acogida de los migrantes, su reparto entre los Veintisiete y, más importante todavía, que se emprendan políticas de prevención de las crisis, con acuerdos con los países de origen para que frenen la salida de cayucos. Alcanzar un acuerdo no es una tarea fácil, pero es urgente. Y la UE lleva ya años de retraso.