Una sociedad responsable necesita empresas responsables

¿Han oído hablar de la tragedia del Rana Plaza en Bangladés donde 1.134 trabajadoras del sector textil murieron por negligencia empresarial? ¿O del vertido de 12.000 barriles de petróleo por parte de Repsol en enero de 2022 en la costa de Perú que ha generado el mayor desastre medioambiental de la zona?

Sabemos que la realidad que nos rodea, la local y la global, necesita respuestas urgentes y efectivas que sean capaces de modificar el rumbo actual, un rumbo depredador, injusto e insostenible. El tesón de la sociedad civil organizada permite abrir ventanas de oportunidad para cambiarlo, como la que se abrirá cuando el Parlament de Catalunya apruebe la ley de creación del Centre Català d'Empresa i Drets Humans. Lo que se propone es un nuevo organismo público que de forma independiente, y con la participación de representantes de la sociedad organizada y del Govern, supervisará, acompañará e impulsará la acción respetuosa con los derechos humanos de las empresas catalanas -o que actúan en Catalunya-, y que operan en el exterior.

Dar respuesta a las demandas

Para que este nuevo centro sea útil es necesario sobre todo que sea accesible para las comunidades de otros países afectadas por actividades corporativas que vulneren los derechos humanos o ambientales. El centro busca ser eficaz en la medida en que nos dota de instrumentos para recoger, investigar y dar respuesta a sus demandas. Hablamos de actividades que desgraciadamente no son hechos aislados, sino que responden a una lógica de impunidad empresarial, ampliamente documentada por las oenegés que trabajamos en los mismos países. También es necesario que el centro sea valiente porque a pesar de las evidencias de su carácter contraproducente nos movemos todavía en una cultura, no solo empresarial sino social e individual, anclada exclusivamente en las nociones de ganancia monetaria, crecimiento y competitividad. Para esta cultura el respeto a los derechos humanos sale caro y por eso muchas empresas buscan mecanismos para abaratarlos, como la externalización de la producción a sitios con estándares más bajos.

La participación de la sociedad civil, escuchar las denuncias de las víctimas, la transformación de una cultura suicida y ecocida. Todo esto es posible y lo tenemos cerca. La ley ofrecerá un marco institucional que permitirá acompañar a las empresas catalanas en un camino que ya se ha iniciado, y que pronto será uno de los aspectos centrales de toda actividad económica: la obligación de comportarse de forma diligente, es decir, responsable y comprometida, en el respeto activo de los derechos humanos, aquí y en todas partes. Es el camino que marca la normativa sobre diligencia debida empresarial en proceso de aprobación en la Unión Europea, y ya presente en algunos países de nuestro entorno. Y es el camino que marca Naciones Unidas y esta iniciativa nos llevaría a ser un país pionero en el mundo.

Ahora la ley entra en el periodo de enmiendas donde los diferentes grupos políticos pueden proponer cambios en el texto inicial. Nos encontramos, pues, en un momento clave en el que un ingente esfuerzo de años podría finalmente cristalizar en una buena herramienta de incidencia y defensa de los derechos humanos. Tenemos la convicción y la confianza de que el tejido empresarial catalán no querrá quedarse atrás, y se añadirá a la voluntad de más de 8.000 entidades, y de los sindicatos y el cooperativismo catalán. El Centre Català d'Empresa i Drets Humans nos ayudará a prever y evitar casos como el derrumbe del Rana Plaza o el vertido de Perú. Si Catalunya es un país solidario y responsable a nivel internacional, también debe serlo su tejido empresarial.