Las reglas del juego con Bildu

Cinco años después de su desaparición y transcurrida más de una década desde su deposición de las armas, ETA ha vuelto a aparecer en la campaña electoral, si es que alguna vez se había ido, en esta ocasión como consecuencia de la inclusión de antiguos miembros de la banda terrorista, algunos de ellos condenados por delitos de sangre, en las listas de las elecciones municipales. Después de que las asociaciones de víctimas lanzaran un grito de alerta, el PP se sumó con una airada reacción en la que no ha dudado en utilizar la decisión de Bildu para tratar de desgastar al PSOE alegando supeditación de este partido a la izquierda 'abertzale' como consecuencia de su contribución a la gobernabilidad. Sin embargo, la queja del PP no ha sido la única ya que incluso desde las propias filas socialistas han sido numerosas las voces que han alzado en contra de que antiguos terroristas puedan ser elegidos concejales. La situación ha acabado provocando una reconsideración por parte de Bildu por medio del compromiso de renuncia de los siete candidatos condenados por delitos de sangre en caso de ser elegidos.

Todo ello ha dado lugar a un acalorado enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con duros reproches mutuos, en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado, así como a las acusaciones de falta de decencia del presidente del Gobierno a Bildu en el Congreso de los Diputados.

La cuestión de la incorporación de exterroristas en listas electorales puede ser abordada desde perspectivas muy diferenciadas, la moral, la política y la jurídica, no siempre indisociables. Desde un punto de vista moral resulta inaceptable que personas que han atentado contra otras por motivos políticos, que no han pedido perdón y que no han colaborado en el esclarecimiento de 300 asesinatos se presenten a las elecciones. Es extremadamente doloroso para las víctimas, deshonra la memoria de los muertos y reabre heridas que no han sanado. Hay que incorporar la dimensión jurídica: asumir que de acuerdo con nuestro sistema penal y con lo que establece LOREG, las personas que han cumplido sus penas pueden gozar de derechos políticos, en este caso del derecho al sufragio pasivo.

Desde un punto de vista político, la polémica admite matices. Una vez que estas personas han cumplido sus penas y se hallan reinsertadas, que hagan uso de sus derechos políticos y defiendan sus ideas desde las instituciones democráticas es una señal de normalización de la vida política, y por tanto un éxito, por muy repulsivo que pueda parecer a sus rivales políticos, a sus víctimas y a muchos ciudadanos. Pero para ser integrado como un interlocutor legítimo en el juego de las conformación de mayorías parlamentarias y apoyos a la gobernabilidad, a la formación política que los acoge se le puede y debe exigir algo más en materia de reconocimiento del daño causado y de gestos de respeto, sin ambigüedades, hacia las víctimas. 

El debate, no obstante, no parece ser este sino más bien quién puede sacar más rédito de la situación. Sea el PSOE aprovechando para cargar contra su principal rival político y pasando de puntillas sobre los términos en que tratar con la formación de Otegi, sea el PP agitando extemporáneamente el fantasma de ETA y asimilando a Bildu a la banda terrorista, sin tener en cuenta, por ejemplo, que en otras circunstancias, este partido no hubiese reconsiderado su posición.