Frente contra la inseguridad

La inseguridad es hoy por hoy la principal preocupación de los barceloneses, donde lleva varios años encumbrada. El mandato que ahora termina ha estado trufado de polémicas en este sentido y, por ello, es lógico que los candidatos/as a la alcaldía de Barcelona se esfuercen por proponer soluciones que, en muchos casos, sobrepasan las competencias municipales. El asunto, qué duda cabe, es complejo y requiere de una actuación coordinada y concertada desde diversos frentes.

El primero es el policial: tanto los Mossos d’Esquadra como la Guardia Urbana deben disponer de más efectivos con los que mejorar su actuación frente a los delincuentes. Afortunadamente, las nuevas promociones de agentes de ambos cuerpos empiezan a ser una realidad. También lo es la imprescindible coordinación entre ellos y con la Policía Nacional, que permite optimizar la actuación de los diferentes cuerpos.

Lentitud judicial

El segundo es el judicial. Tras las detenciones, corresponde enjuiciar a los delincuentes. Sin embargo, la lentitud de la justicia juega a su favor. Lo habitual es que muchos reinicien su actividad delincuencial tan pronto como son puestos en libertad, con cargos y a la espera del juicio; para cuando llegue el momento de sentarse ante el juez, prácticamente un año después, habrán huido a otro país europeo y el delito quedará impune en la práctica. En efecto, la delincuencia profesional está globalizada y no duda en cambiar de país cuando la acumulación de causas en un determinado territorio puede llegar a suponerle un problema. De ahí la importancia de que la Generalitat de Catalunya dote a la Administración de Justicia de los medios necesarios para llevar a cabo su tarea y de que los juicios se celebren a los 15 días de la comisión del delito, tal y como establece la ley para los robos con violencia e intimidación, por ejemplo. El segundo juzgado de guardia para delitos leves como los hurtos merece una mención especial: creado de forma provisional hace cuatro años, el balance de su actividad ha sido unánimemente celebrado. Por ello, convendría superar la interinidad e instaurarlo de forma definitiva de una vez por todas. 

El tercer frente está relacionado con la gestión de la inmigración. Aunque es incómodo reconocerlo, más del 85% de los robos con violencia que se producen en el paseo de Gràcia son perpetrados por extranjeros no comunitarios. Las expulsiones de estos delincuentes son arduas y complejas. Si bien es necesario facilitar la residencia y la integración de los inmigrantes que han llegado a nuestro país en busca de una vida mejor, también lo es expulsar a los que han decidido delinquir. La Delegación del Gobierno, a quien corresponden las expulsiones, debe agilizar los expedientes y exigir más medios al Ministerio del Interior para llevarlas a cabo.

Solo actuando en estos tres frentes lograremos una ciudad más segura para todos. Las diferentes administraciones implicadas, con independencia de su color político, deben ejercer sus respectivas potestades a fin de abordar de forma eficaz uno de los principales retos de Barcelona a corto plazo. Y es que, por mucho que en ciertos delitos estemos algo mejor que antes de la pandemia, el problema de la inseguridad es real y preocupa, con razón, a los ciudadanos.