¿Cómo arreglar los agujeros de la ley de vivienda?

Estamos en plena tramitación parlamentaria. Este mismo jueves la ley de vivienda irá al pleno del Congreso de los Diputados. Y todo apunta que, una vez aprobado por las Cortes Generales, tendremos ley vigente a mitad de mayo. Como decían los romanos, '¡Álea iacta est!', ¡La suerte está echada! Sin embargo, los dados de la fortuna son caprichosos, y esta ley podría (y quizás debería) retrasarse. La prisa es mala consejera. Es indudable que la ley de vivienda es un avance histórico y significa un cambio de paradigma. Pero hay algunos puntos de fuga que se tienen que tapar. El potencial desvío de las viviendas de alquiler habitual al alquiler turístico, de temporada o por habitaciones pone en jaque esta ley. 

Es cierto que la ley dice que se promoverá un grupo de estudio para proponer en seis meses una regulación del alquiler de temporada. Una patada hacia adelante. El riesgo es que se aproveche el ínterin para desviar ahora las viviendas. Por el lado del alquiler por habitaciones, lo mismo. No existe una regulación específica. Solo el Código Civil lo regula, igualando una relación de poder desigual. Ambas modalidades ya se han demostrado como una vía de fuga. Los primeros sirvieron para eludir el control de alquileres catalán. Y los segundos han eludido la limitación estatal del 2% al IPC.

El alquiler turístico (VUT) ofrece otra fuga dadas sus altas rentabilidades sin importar las externalidades negativas, no solo en términos de convivencia vecinal sino en expulsión de los vecinos vía incremento de precios. Pese a la posición inicial de las plataformas turísticas, hay evidencia empírica que muestra que los barrios con alta concentración de VUT hacen subir hasta un 7% el precio de los alquileres al reducir la oferta de vivienda habitual. La Unión Europea ha tomado nota de esto y está camino de aprobar una normativa europea que limite la especulación turística inspirada en el caso de Barcelona.

Después de la explosión descontrolada de VUT entre 2011 y 2014, se tomaron medidas decisivas. En Barcelona, el Gobierno de Trias había dejado más viviendas turísticas que públicas (9.000 vs 7.500) y frente a ello el Gobierno de Colau impulsó una moratoria para luego aprobar un Plan de Ordenación (PEUAT) limitando la concesión de licencias en las zonas más turísticas, junto a una politica de control y sanción con un equipo de 70 personas que redujeron 6.000 VUT ilegales. Así se controló el fenómeno y ya han bajado el número VUT. Por su parte, el Gobierno de Carmena aprobó un plan especial que consideraba las VUT como servicios terciarios de hospedaje, limitando mucho su actividad. Gracias a ello hay menos de 100 VUT con licencia. No obstante, el Plan de Inspección de Carmena fue abandonado por el Gobierno de Almeida con la eliminación del personal de inspección VUT. Hoy hay 17.000 VUT ilegales en Madrid. 

No obstante, estas y otras medidas fueron recurridas. El PEUAT fue tumbado en los tribunales y tuvo que hacerse otro. En Canarias, el Tribunal Supremo falló en contra de la limitación del número máximo de VUT. La inseguridad está servida y la jurisprudencia española ha dejado muy recortada la capacidad reguladora de los entes locales. Por eso, es clave que la ley de vivienda incorpore que la declaración de mercado tensionado puede implicar la limitación de VUT y, por tanto, la necesidad de la modificación de los instrumentos urbanisticos conllevando la suspensión de licencias. Así solo se cerrará el círculo y la ley no tendrá fugas legales. 'A posteriori', la efectividad de la ley la determinará la denuncia de los movimientos de vivienda y la voluntad política de controlar y sancionar la norma. No perdamos esta oportunidad histórica.

Suscríbete para seguir leyendo