No nos confunda con la claridad, señor Aragonès

El 'president' Pere Aragonès ha pasado ya a la siguiente pantalla tras obtener del Gobierno los indultos para los políticos condenados por la organización del referéndum ilegal del 1-O, la abolición del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación. A cambio, ERC ha ofrecido el voto de sus 13 diputados en el Congreso cada vez que los grupos que sustentan al Ejecutivo han necesitado apoyos para sacar adelante sus iniciativas legislativas.  

¿Cuál es la nueva pantalla de Aragonés? Proponer un acuerdo de claridad, inspirado en la Ley de Claridad de Canadá, para pactar con el Estado un referéndum de autodeterminación. Lo que queda claro, de entrada, es que con esta iniciativa Esquerra rechaza implícitamente la vía unilateral, alejándose así de Junts per Catalunya.

No sería justo que el Gobierno acaparase todo el éxito de la supuesta calma chicha reinante en Catalunya por su política de apaciguamiento, pues en 2017 la poderosa maquinaria del Estado supo defenderse, política y judicialmente, del gravísimo desafío rupturista. Se respondió con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y con las sentencias judiciales por incumplimiento de la ley, de forma que la situación actual es también heredera de las decisiones acordadas que se tomaron entonces. 

Tampoco estamos en condiciones de echar las campanas al vuelo, pues los separatistas podrían interpretar que les es más rentable revivir las algaradas de 2017.

Ya advertía Stéphane Dion, exministro canadiense de origen quebequés e impulsor de la Ley de Claridad de Canadá, que con los secesionistas no sirve la política del contentamiento, pues el nacionalismo es insaciable y anhela todo el poder, no se conforma con cesiones coyunturales. En sus diversos viajes a España, Stéphane Dion nos confesó que la Ley de Claridad no hubiera sido necesaria si Canadá hubiera tenido un artículo 2 similar al de nuestra Constitución, que reconoce la indivisible unidad de la nación española. La mayoría de los textos constitucionales contienen un precepto similar y Canadá es una excepción.

En Quebec se celebraron dos referéndums -en 1980 y 1995- que se saldaron con sendas derrotas de los secesionistas. Ante la falta de claridad del proceso y de las preguntas planteadas, el Gobierno canadiense solicitó a la Corte Suprema (homologable al Tribunal Constitucional) que arrojara luz al respecto. 

La Ley de Claridad del año 2000 deja meridianamente claro que Quebec no tiene derecho a separarse unilateralmente, al tiempo que reserva al Parlamento de Canadá amplios poderes en todo el proceso, empezando por la propia validación de la pregunta sometida a votación. Asimismo, la Corte Suprema dictaminaba que cualquier pregunta debía ser clara y el resultado de la votación debía estar avalado por una mayoría reforzada, aunque no precisaba porcentajes. Por otra parte, la eventual secesión de una provincia no era inmediata; previamente debía modificarse la Constitución canadiense y, para mayor abundamiento, era imperativo abrir negociaciones entre el Gobierno federal y las provincias de Canadá, homólogas a las autonomías españolas.

Como resultado de la Ley de Claridad, ¿qué ha ocurrido? Que los obstáculos a superar son tan insalvables que a nadie en Quebec se le ha ocurrido solicitar un tercer referéndum.

Sr. Aragonès, sea claro: ¿usted propone un acuerdo de claridad como excusa para alegar dificultades insalvables y así no verse en el brete de solicitar un referéndum abocado al fracaso?