Esquerra celebra la rebaja de penas por el fin de la sedición

ERC expresó su satisfacción porque Llarena, "tal y como señalamos hace un mes", apunta un republicano, "se ha quedado con un abanico más reducido de herramientas para ejercer esa represión", sentencia. Que de manera inmediata hayan desaparecido las acusaciones de sedición, sin tretas ni pérdidas de tiempo, por parte de la justicia española ha reconfortado a los republicanos. Pero sobre todo es el hecho de que Llarena no se haya acogido al delito de desórdenes agravados, "contra lo que muchos agoreros apuntaban", demuestra, según ERC que la derogación es completa.

También hay satisfacción moderada, y no expresada públicamente, sobre la futura situación de su secretaria general, Marta Rovira. Ella y la 'exconsellera' Clara Ponsatí han pasado a ser acusadas solo de desobediencia, que no comporta pena de cárcel. Si hay que hacer caso a los precedentes, por ejemplo Meritxell Serret y Anna Gabriel, que ya han vuelto a España, Rovira podría estar ante los últimos meses de estadía en Suiza. La número 2 de ERC aseveró que no tomará ninguna medida ni "precipitada, ni inminente".

Sobre la interpretación que Llarena hace del delito de malversación, los republicanos afirman que era esperable. "Le hemos recortado el número de herramientas, pero su interpretación será siempre contraria a nuestros intereses", apunta un diputado de ERC. "Habrá que batallar esto", sentencia una persona de la cúpula republicana.

Innecesario y contraproducente

La película para Junts es toda otra, como lo viene siendo desde que Pedro Sánchez anunció la reforma del Código Penal. Para los Junts, explica una fuente, "todo este proceso ha sido innecesario y contraproducente, porque si no se hubiera retocado la carta de delitos españolas, la censura y la derrota del Estado en Europa habría sido de aúpa. Como lo prueba el fallo del tribunal del land de Schleswig-Holstein" cuando detuvieron, en 2018, a Carles Puigdemont. En otras palabras, según la posconvergencia, ERC ha permitido el blanqueo del Gobierno del Estado ante las instituciones europeas.

El Gobierno saca pecho

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En tanto, las preocupaciones de los partidos de ámbito español son otras. Así, para el Gobierno la nueva acusación de Llarena viene a confirmar que el reproche penal al ‘procés’ no ha desaparecido. Es decir, que los hechos de otoño del 2017 no les saldrán gratis y los acusados "tendrán que responder ante la justicia española", concluyó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, para quien el Estado sigue contando con “elementos suficientes”, como el artículo 155 de la Constitución,para paliar o castigar una nueva acción unilateral.

El PP lamentó que el Ejecutivo haya modificado el Código Penal para que Puigdemont pueda volver a España "con una alfombra roja".