La crisis por la reforma judicial en Israel se agudiza

No son pocos los israelíes que a diario pronostican la inminencia de una guerra civil. No son solo ciudadanos corrientes sino políticos de larga trayectoria. La semana pasada el mismo presidente, Isaac Herzog, históricamente vinculado a un Partido Laborista ahora con una diminuta representación parlamentaria, en un discurso a la nación, advirtió que todavía se está a tiempo de evitar la guerra civil.

En su alocución televisada en la hora de máxima audiencia, Herzog presentó un plan de mediación destinado a salvar las diferencias entre la derecha del Likud y la extrema derecha hipernacionalista e hiperreligiosa, por una parte, y otros partidos de derecha, centro y centroizquierda, en lo relativo a la reforma judicial que impulsa el Gobierno de Binyamín Netanyahu.

Debe notarse que, durante la reciente campaña electoral, Netanyahu descartó llevar adelante una reforma judicial de gran calado si ganaba las elecciones, pero nada más subir al poder, en los últimos dos meses, no ha hecho otra cosa que empujar a su ministro de Justicia, Yariv Levin, en esa dirección.

La iniciativa ha provocado una fractura social sin precedentes, con multitudinarias protestas en las grandes ciudades, en las que han participado cientos de miles de personas. La tensión ha llegado a tal punto que ha provocado una crisis policial y millares de reservistas han amenazado con no acudir a filas si no se detiene la reforma. Algunos poderosos banqueros y empresarios tecnológicos de Tel Aviv han sacado del país cantidades multimillonarias de dinero en las últimas semanas, y otros han amenazado con imitar esa acción.

El proyecto que se discute en la Kneset plantea una reforma con modificaciones muy significativas en el sistema judicial. Lo más destacado, sin duda, es que daría al Gobierno, y al Parlamento dominado por el Gobierno, un control absoluto en el comité que designa a los magistrados del Tribunal Supremo. Netanyahu y sus aliados sostienen que al Supremo lo ha controlado históricamente la izquierda, y que la izquierda ha dejado de representar una voluntad popular que en las últimas dos décadas ha cambiado radicalmente, siendo la derecha y la extrema derecha la ideología dominante, lo cual es una evidente verdad.

La oposición sostiene que si Netanyahu procede así se acabará de golpe con la división de poderes y el ejecutivo, el legislativo y judicial estarán en las mismas manos, en este caso las manos del primer ministro Netanyahu. Recordemos que Israel carece de Constitución por razones obvias, puesto que una Constitución debería reconocer la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, algo que no sucede y nadie tiene la intención de corregir.

En las últimas horas ha habido una serie de pequeños movimientos de conciliación, pero la oposición rechaza el compromiso propuesto el lunes por el Ejecutivo. En Israel existe una prolongada tradición de compromisos y es posible que al final surja de la nada uno de ellos y las aguas vuelvan a su cauce. En cualquier caso, el ministro Levin dijo el lunes por la noche que no obedecerá al Supremo si este echa por tierra la reforma judicial. El jefe de la oposición replicó que si el titular de Justicia no respeta la ley, los ciudadanos no respetarán al Gobierno.

La crisis tiene implicaciones internacionales. Por un lado, algunos países árabes, que no son un dechado de democracia, se sienten incómodos con la situación reinante en el Estado judío, donde la religión y el ultranacionalismo campan a sus anchas desenmascarados e impulsados desde el Gobierno.

La situación también incomoda al presidente Joe Biden. En Israel están molestos porque Biden todavía no ha invitado a Netanyahu a la Casa Blanca, una omisión sin precedentes. Los medios hebreos aseguran que el presidente estadounidense espera a que amaine el lío de la reforma judicial. Sin embargo, la crisis parece más profunda y lo que está en juego es la misma democracia liberal, señalan desde la oposición, algo que también está en juego en otros países occidentales.

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