Nuestro mundo es el mundo | Artículo de Joan Tapia

Golpe a la desinflamación

El Supremo desbarata con arrogancia la reforma exprés del Código Penal pactada por el Gobierno y ERC

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo.

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Joan Tapia

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Dicen que Pedro Sánchez tiene suerte. No esta semana. El martes, tras las previsiones de la Comisión Europea que revisaban al alza el aumento del PIB, el Consejo de Ministros aprobó la subida del salario mínimo un 8%. Pero la esperada salva de aplausos progres se fue al garete. La ya muy demorada reforma de la ley del 'sólo sí es sí' se retrasaba, aún más, por la pugna con Podemos en la que está sumergido el Gobierno. Y la sala segunda del Supremo, con unanimidad de seis magistrados, hacía trizas la reforma del Código Penal sobre la sedición y la malversación, pactada con ERC y que ha tenido serios costes para Sánchez. Por eso, cuando el miércoles en el Congreso contestó a Cuca Gamarra estuvo suelto -como siempre-, pero tocado.

La desinflamación de Catalunya -que dio un gran paso con los indultos- ha funcionado, pero necesita el apoyo, como mínimo y como es obvio, de parte del independentismo. De ahí el pacto con ERC para la reforma del Código Penal. Pero el Supremo -como ya hacía prever el auto del juez Llarena de enero sobre Puigdemont- la ha desbaratado. La clave es que no acepta la malversación leve cuando no hay ánimo de lucro personal porque argumenta que el ánimo de lucro también existe cuando el fin para el que se utiliza el dinero público es manifiestamente ilegal. En lenguaje corriente sería ánimo de lucro por fines políticos. Y por eso los condenados por malversación, como Junqueras, Turull, Romeva y Bassa, no ven reducida su inhabilitación. 

Pero el punto clave de la sentencia es que si el Tribunal Superior de Catalunya sigue este criterio -parece obligado- serán condenados a penas de prisión dirigentes independentistas menos conocidos y que, más de cinco años después, ¡cinco!, todavía no han sido juzgados. Es el caso, por ejemplo, de Josep María Jové, presidente del grupo de ERC en el Parlament y de Lluís Salvadó, el nuevo presidente del puerto de Barcelona. Patada a la desinflamación.

¿Quién es el culpable? El Gobierno, con sus prisas, no ha pensado bien la reforma como ya pasó, aunque ahí la culpa inicial fue de Podemos, con la ley del 'solo sí es sí'. Eliminar la sedición en vez de rebajar las penas, que era lo sustancial, parece poco inteligente. Y Llarena y Marchena saben más Derecho Penal -y cómo se maneja- que los ministros y la Abogacía del Estado. Culpa de Sánchez por incuria.

Pero el Supremo va más allá y critica que, tras la reforma, una declaración de independencia sin violencia no sería castigada y el Estado quedaría indefenso. No es esa la labor de la sala del Supremo que debe aplicar la ley. El Supremo puede chocar con el Gobierno, pero no censurar a las Cortes Generales, la sede de la soberanía nacional y donde se aprobó la reforma. Esa sería tarea del Tribunal Constitucional. Y por ahí se alimenta la acusación de que parte del Supremo, y de la fiscalía, desde el primer momento (2017) creyeron que debían actuar contundentemente como los auténticos defensores de la unidad de España ante unos gobiernos (empezando por el de Rajoy) 'permisivos'. 

¿Se está pasando el Supremo? Solo en parte, porque no condenó por rebelión sino por sedición, lo que enervó a los fiscales más halcones. Pero las euroórdenes de Llarena han sido rechazadas (pese a que tiene razón) porque los tribunales europeos han creído que organizar un referéndum ilegal sin violencia (hubo, pero otra) no avala entregar a unos políticos refugiados para que ingresen en la cárcel. A veces la sensibilidad, distinta en Europa que en Madrid, pesa más que el derecho procesal.

Lo que pasa no aumentará el prestigio de España. Ni del Gobierno, ni del Supremo. Se difunde la imagen de un país de banderías, con ministros jurídicamente frívolos y un poder judicial polarizado. Y no olvidemos que la justicia europea será la que acabará decidiendo. ¿Lo ha calibrado el Supremo?

Pero la decisión del Supremo deberá ser revisada -previo recurso de Junqueras- por el Constitucional. Y la influencia de Marchena, estandarte de los jueces conservadores, se tendrá que enfrentar a la de un magistrado progresista como Cándido Conde-Pumpido que, pese a todas las trabas de la derecha, ya preside el Tribunal Constitucional. Pero seguramente eso ya será después de las elecciones. Mientras… 

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