Felipe VI y Catalunya

Aprobados los presupuestos de la Generalitat, el actual Gobierno republicano se ha asegurado la legislatura. Un trecho hasta 2025 que le tiene que permitir fijar el independentismo pragmático como estrategia para abrir una vía referendaria. Que la contraparte firmante haya sido el PSC lo hace todavía más relevante, porque pone en valor el axioma de que para la resolución del conflicto es imprescindible que republicanos y socialistas sepan compaginar competitividad y  colaboración. Efectivamente, una solución democrática España-Catalunya requiere el concurso de las dos fuerzas políticas que desde la centralidad aspiran a la hegemonía. Un hecho relevante que tanto loe hace coincidir en el interés de evitar el acceso de PP y Vox a la gobernabilidad del Estado, como inevitable es el reconocimiento por parte de Pedro Sánchez de la necesidad de los votos independentistas para aspirar a estar cuatro años más a La Moncloa. Es decir, allanar el camino para que todo pueda hacerse realidad en pocos meses.

Una vía hacia la normalidad democrática en Catalunya que obligará al Estado a superar los escenarios de anomalía democrática presentes en la sociedad catalana. Innegables, todos ellos, como por ejemplo que es la única comunidad autónoma regida por un Estatuto no aprobado por la ciudadanía, la existencia de líderes independentistas exiliados y/o judicializados y ser el territorio del Estado donde la reclamación de un referéndum de independencia se ha convertido en permanente y popular. Además de singular, en la medida que no es comparable con las demandas de Euskadi a raíz de las diferencias en cuanto a población, en el PIB en relación al del conjunto español y en cuanto al peso político parlamentario en las Cortes.

Pero hay más. Subyace una anomalía, que se suma de manera profunda, aunque los poderes fácticos e institucionales pretendan esquivarla, relacionada con el jefe del Estado. El vínculo emocional de una buena parte de la población catalana con la institución monárquica oscila, según constatan los estudios de opinión, entre la indiferencia o la adhesión débil del electorado no soberanista y la animadversión rampante del  independentista. Asunto de mal arreglo, pues, para una dinastía que tiene que encarar el reto de superar el estigma incardinado en la historia contemporánea de España que la asocia a regresión y reacción versus los valores republicanos de modernidad y progreso, que liga la Corona al franquismo, al haber jurado Juan Carlos I los Principios Fundamentales del Movimiento y no haber pedido perdón durante los años de reinado por su complicidad con la dictadura.

Hoy, el imperativo biológico va dejando atrás a la generación que protagonizó la Transición y los déficits no asumidos que se arrastran actúan como lastre para que con el actual marco constitucional se puedan encarar los retos de regeneración democrática que exige el nuevo siglo. Y, evidentemente, la corrupción engendrada y mantenida por el rey emérito, la incapacidad del actual monarca de convertirse en modelo de imparcialidad en cuanto al “procés” o su discurso arcaico en cuanto al incremento de  la espiral armamentística no le ayudan a ganar simpatías o a ser un modelo de ejemplaridad para las nuevas generaciones. En definitiva, incapacidad para estar en condiciones de metabolizar la gran anomalía de la ilegitimidad de la Segunda Restauración borbónica. Verdadero pecado original, atendiendo al hecho que los electos de las elecciones del 15 de junio de 1977, a pesar de que las urnas no fueron convocadas como constituyentes, se arrogaron la capacidad de elaborar un texto constitucional monárquico para impedir que la ciudadanía pudiera optar libremente por la forma de Estado republicana atacada por el golpe de Estado de 1936. Una vulneración de la democracia que dio lugar al ”ilegal” régimen del dictador Franco (tal como reconoce la actual ley de Memoria), patrocinador de la monarquía reinstaurada.

En todo caso, a estas alturas, el 'president' Aragonès y los miembros de su Govern tan solo participan en los acontecimientos donde concurre Felipe VI si son organizados por la sociedad civil, como por ejemplo la inauguración del Mobile World Congress, pero no en los que son promovidos por la Casa Real. De hecho, en el último Congreso celebrado hace unos días en Lleida, ERC aprobó “vetar” la presencia de Felipe VI y la de los miembros de su familia en los actos surgidos de la institución catalana. O sea, la primera institución del Estado en Catalunya y su máximo representante continuarán impidiendo la presencia del jefe del mismo Estado. Una anomalía llamativa que tenderá a normalizarse, que no solo denota escasa adhesión monárquica, sino que actúa como aviso a los demócratas españoles y catalanes que todavía creen que es posible hacer viable el régimen monárquico del 78 sin resolver las demandas democráticas catalanas.

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