Las 60 medidas de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo presentó el lunes en Cádiz, en el lugar donde se proclamó la Constitución de 1812, un 'Plan de calidad institucional' compuesto por 60 medidas. De entrada, hay que agradecer al presidente del PP que se sitúe claramente en el bloque constitucional y que se preocupe por la regeneración de la democracia. La apuesta por el constitucionalismo debería llevarle, de ser consecuente con ella, a rechazar cualquier pacto con Vox como los que hasta ahora ha asumido cuando ha necesitado sus votos para gobernar.

Precisamente una de las medidas estrella del plan, la de defender que gobierne la lista más votada, tiene bastante que ver con las relaciones con Vox. Puede dar la impresión de que, más que un acuerdo para liberar de esta potencial dependencia al PP, puede acabar siendo un argumento -un no queda más remedio- para justificar un pacto con la ultraderecha, en los casos en que el PSOE no sea la lista más votada pero la suma de fuerzas de izquierda supere a los populares. Feijóo solo se comprometió por escrito a aplicar esta solución en los ayuntamientos, donde puede hacerlo sin asumir compromisos de difícil cumplimiento; allí es alcalde el candidato más votado salvo que haya una mayoría absoluta alternativa. Pero condicionó a un «pacto político» la posibilidad de extenderla a las elecciones autonómicas y a las generales. 

La idea ni siquiera ha sido bien recibida entre los barones de su partido, comenzando por Isabel Díaz Ayuso y siguiendo por otros dirigentes territoriales, que temen no poder ganar o conservar los gobiernos autonómicos si no hay pactos con la extrema derecha. Para aplicar la lista más votada habría que quitar poder a los plenos municipales para poder gobernar y es dudoso que eso sea constitucional. La representación popular no podría ejercer el control del ejecutivo municipal y el sistema electoral español no incluye en ningún caso fórmulas de elección directa, sino cámaras de representativas de la voluntad de los ciudadanos. 

Pero las propuestas de Feijóo merecen atención más allá de la medida más llamativa de las presentadas o de los juicios sobre su oportunidad e intención. Algunas de las propuestas son prudentes, como la prohibición de las denominadas enmiendas intrusivas en leyes que se refieren a otras cuestiones o el respeto a los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También es más que razonable reclamar la despolitización de cargos como el de fiscal general, los magistrados del Tribunal Constitucional, el director del CIS y los presidentes del INE y de RTVE. Sobre el bloqueo del CGPJ, que el PP lleva ejerciendo desde hace más de cuatro años, en cambio, no hay referencias en el plan, ausencia que se compadece mal con las apelaciones de Feijóo a «proteger la Constitución».

Dos de las reformas que producen esta «debilidad» del marco constitucional, según el PP, son las de la sedición y la malversación. Es cierto que el Gobierno hizo unos cambios 'ad hoc', precipitados y sin la prudencia necesaria. Pero la solución no es volver a la situación anterior como propone Feijóo, que no era mejor desde el punto de vista de la proporcionalidad de las penas y que no impidió la violación de las leyes y los ataques al Estado durante el proceso soberanista.