Los riesgos de pactar con Vox

Estos últimos días se ha podido comprobar cómo de graves pueden ser los riesgos que implica pactar con la ultraderecha y que van mucho más allá de los habituales por la conllevancia de representantes de dos partidos diferentes. Antes ya de que el PP de Castilla y León alcanzara un pacto de gobierno con Vox, en abril del pasado año, se sabía que estos peligros existían, aunque los populares trataron de minimizarlos. Arrastrado el PP por la necesidad de sumar mayorías que no alcanza en solitario, compartir el poder en las instituciones acaba poniendo a prueba contradicciones ideológicas entre una formación conservadora que ha ido suscribiendo las políticas en favor de la igualdad y libertad sexual, o no las ha derogado cuando ha gobernado, y una formación como la liderada por Abascal que aboga por una auténtica regresión en los derechos de las mujeres y de otros colectivos. 

A esa agresividad de Vox contra la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su estrategia de, bien retratar al PP como una opción tibia frente al electorado ultraconservador, bien forzarlo a asumir un giro sobre estos aspectos, responde el plan antiabortista anunciado la pasada semana por el ultraderechista vicepresidente castellano-leonés, Juan García-Gallardo, enmascarando como si solo fuera una ampliación de información -escuchar el latido fetal, ver la ecografía 4G-, un protocolo que pretendía intimidar y culpabilizar a las mujeres que hubieran decidido abortar. Tratando, por tanto, de evitar que ejercieran su derecho a hacerlo. Si grave es el ataque de Vox a la libertad de decisión de quienes deciden interrumpir su embarazo no menos preocupante es la situación de los populares, enfrentados a los intentos de arrastrarlos a planteamientos que se han convertido en objetivos prioritarios de la extrema derecha en todo el mundo. Se ha visto en Estados Unidos con la decisión del Tribunal Supremo, copado por los ultraconservadores gracias a las nominaciones de Donald Trump y que está permitiendo limitar, cuando no prohibir, el aborto en numerosos estados, y se ve en la Hungría gobernada por Viktor Orbán, con políticas similares a las que plantea Vox.

Mientras Núñez Feijóo mantiene el silencio sobre esta polémica, otros dirigentes populares se han enredado incorporando a su agenda política gestos de aproximación a los colectivos antiabortistas. Los madrileños Ayuso y Almeida, por ejemplo. Pero Feijóo, aún silente, ha obligado acertadamente al presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, a dar marcha atrás de su proyecto y a admitir públicamente que ofrecer a las mujeres embarazadas información que no solicitan puede considerarse una coacción. Es evidente que la reacción del PP responde al requerimiento oficial realizado el domingo por el Gobierno de Pedro Sánchez para que Castilla y León se abstuviera «de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa» con respecto al aborto y advirtiera de las consecuencias de no hacerlo. Pero el empecinamiento de Mañueco y García-Gallardo habría desembocado en un conflicto institucional sin precedentes, que le interesa tan poco al líder popular como el asunto de fondo, que tantas divergencias internas provoca. La polémica, no obstante, muestra lo frágiles que son las conquistas de derechos y lo fácil que es perderlos, especialmente si una de las fuerzas políticas centrales, en este caso el PP, titubea.