El Gobierno requiere oficialmente a Castilla y León no aplicar el nuevo protocolo sobre el aborto

El Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado este domingo un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.

El Ejecutivo ha anunciado este requerimiento en un comunicado emitido por Moncloa ante los protocolos anunciados por la Junta de Castilla y León para evitar abortos. En el documento el Gobierno afirma que utilizará "todos los mecanismos" que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la "libertad de las mujeres" y su derecho a "interrumpir voluntariamente el embarazo" en los términos establecidos en la normativa vigente. "El Gobierno de España velará" para que no se lleven a cabo "acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración alguna", previene el texto.

El texto informa a su vez de que los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda, Función Pública y Presidencia "están en permanente coordinación" y prestos a adoptar lo que denomina como "medidas pertinentes". En un lenguaje próximo al ultimátum, el Ejecutivo demanda a la Junta de Castilla y León a no aprobar ninguna norma o ley que "menoscabe" o "vulnere" la legislación actual sobre la interrupción del embarazo, que cese la aplicación de cualquier reglamento instrucción respecto a la actuación de los sanitarios en casos de interrupción de embarazo ya en curso, al tiempo que exige que se apliquen los protocolos actuales en la realización de pruebas diagnósticas. En el caso de no cumplimiento del requerimiento "de forma íntegra e inmediata", el Gobierno se plantea "acciones legales" contra el Ejecutivo regional castellanoleonés.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al Gobierno de mentir y generar alarma social y ha recalcado que su Ejecutivo "no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de las mujeres ni de los profesionales sanitarios". A su juicio, se trata de una maniobra del Gabinete de Sánchez "para esconder su incompetencia con la aprobación de la ley del solo sí es sí", ha añadido en Twitter.

Equipos de salud mental

El plan ideado por Juan García-Gallardo, el vicepresidente de la Junta procedente de las filas de Vox, fue anunciado por él mismo durante una rueda de prensa el pasado jueves. Consiste en un protocolo de derivación a los equipos de salud mental de mujeres embarazadas "que lo requieran", como fórmula para prevenir abortos, además del ofrecimiento de una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan "escuchar el latido del bebé" y una ecografía 4D antes de interrumpirlo. Nada más anunciarse el nuevo protocolo sanitario, la dirección nacional del PP se desmarcó del mismo, mientras arreciaban un aluvión de críticas, entre ellas las del Gobierno y el PSOE, que calificaron las medidas de "hostigamiento" y de "limitación de los derechos". También alertaron a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que llamó a la objeción de conciencia a los sanitarios de Castilla y León para no aplicarlas.

Noticias relacionadas

Mañueco acusa al Gobierno de sobreactuar y mentir para tapar la ley del 'solo sí es sí'

El Gobierno revive el miedo a la ultraderecha para movilizar a la izquierda: "Solo hay dos opciones este año electoral"

Desde el anuncio de dichas medidas, se han producido un aluvión de declaraciones contradictorias sobre si éstas suponían o no cambios respecto a los protocolos actuales aplicados para mujeres embarazadas. Ya por la tarde del jueves, en declaraciones a Efe, fuentes de la Consejería de Sanidad matizaron el anuncio de García-Gallardo y aseguraron que el protocolo de embarazo iba a "seguir igual", aunque el viernes el consejero reconoció que sí habrá cambios para mejorar la asistencia a las embarazadas y que existen "pequeñas matizaciones" respecto a lo anunciado por el vicepresidente, pero con la garantía del cumplimiento de la legislación existente en materia de aborto.

Y con esta situación, ahora mismo nadie sabe muy bien qué se encontrará una mujer embarazada que acuda a una consulta médica en Castilla y León en las próximas semanas, vaya o no con intención de abortar, ya que pese al revuelo generado, estas medidas tendrán que formar parte de una Orden oficial de la Consejería, según avisó el vicepresidente. García-gallardo ha protagonizado importantes polémicas y rifirrafes en el Parlamento regional con diputados de fuerzas de izquierda que han causado gran revuelo.