La jugada del juez Llarena

El auto dictado este jueves por el juez Pablo Llarena para adaptar las acusaciones contra los líderes del ‘procés’ al nuevo Código Penal constituye un potencial cambio de tercio que amenaza con condicionar lo que queda de legislatura. Tras la eliminación del delito de sedición, Llarena ha optado por acusar a tres de los que están en rebeldía, Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, de los delitos de desobediencia (en vez del de sedición que ya no existe) y del de malversación de caudales públicos considerando que este tiene, además, características de delito agravado. Como consecuencia de este nuevo planteamiento, distinto del que muchos daban por hecho que esperaba el Gobierno de Pedro Sánchez (que puso también a su disposición el delito de desórdenes públicos agravados contemplado en el nuevo Código Penal), Puigdemont, Comín y Puig pueden ser condenados a penas importantes (un máximo de 12 años) que supondrían su ingreso en prisión si entran en España. Por el contrario, tras el auto de Llarena, otros dos líderes independentistas en rebeldía, Clara Ponsatí y Marta Rovira, quedan exclusivamente pendientes de un delito de desobediencia, al no haber estado acusados anteriormente por malversación, lo que supone que puedan residir en España sin entrar en la cárcel. Pero tampoco es el planteamiento que otros pronosticaban en el sentido de que no quedan impunes, como la derecha auguraba.

Por un lado, su florentina decisión facilita la posible extradición de tres líderes del ‘procés’, al quedar acusados de delitos homologables con los de Bélgica. Por otro, sigue amenazándoles con la cárcel si vienen a España, por una supuesta malversación agravada. Esta intrincada situación se vuelve todavía más compleja si tenemos en cuenta que Puigdemont y Comín están pendientes de una próxima decisión del Tribunal General de la Unión Europea sobre el mantenimiento o no de su inmunidad como eurodiputados. Con lo que probablemente harán todo lo posible para retrasar toda decisión hasta conocer la decisión del TGUE. Puigdemont siempre ha basado su estrategia en una victoria ante la justicia europea.  

Según los pasos que decida dar Puigdemont, la decisión de Llarena puede volver a introducir un factor de incertidumbre en la política de desinflamación de Catalunya a la que aspira el presidente Sánchez. Pero también puede significar el primer paso para desactivar la estrategia victimista del expresidente. Llarena, en última instancia acata las leyes y cuesta más conseguir que Europa piense que actúa al margen del Estado de derecho, aunque algunos de sus comentarios políticos en el texto de una resolución judicial siguen siendo una extralimitación.