Los posibles escenarios judiciales para Puigdemont tras la eliminación de la sedición

Hasta 12 años de prisión

En su resolución, el juez acota los delitos por los que Puigdemont sigue siendo perseguido por la justicia española a los de desobediencia y malversación de caudales públicos. Derogada la sedición, y prácticamente despenalizada la conducta cometida por el expresidente catalán y su Govern, el magistrado considera que solo se le puede imputar por ella un delito de desobediencia, penado con multa e inhabilitación de hasta dos años. Sin embargo, argumenta que la reforma de la malversación no ha servido para librar del banquillo a los que se imputa este delito por el 'procés'.

En este sentido, afirma que "el ánimo de lucro" no es solo llevarse dinero al bolsillo y que "resulta igualmente apreciable cuando se despoja a la Administración de unos fondos públicos para atender obligaciones de pago que corresponden al sujeto activo del delito y que están plenamente desvinculadas del funcionamiento legítimo de la Administración, como cuando se atribuye a la Administración una obligación de naturaleza particular y totalmente ajena a los intereses públicos que se gestionan. En ambos supuestos se dispone de los bienes públicos como propios y se apartan de su destino para la obtención de un beneficio particular". De ahí que le atribuya un delito de malversación del artículo 432 que en su modalidad más grave puede ser castigado con hasta 12 años de cárcel.

Arresto en España

El abogado del expresidente Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha insistido este mismo jueves en que su intención, al igual que la del resto de huidos, es volver a España; en el caso del 'expresident' cuando el Tribunal General de la Unión Europea se pronuncie sobre su inmunidad como diputado europeo, resolución que confía que asuma sus pretensiones.

El auto del juez Llarena le deja meridianamente claro que, si lo hace, será inmediatamente detenido porque se mantiene su busca y captura nacional por los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos, delito respecto al que Boye ha recordado que en su día se rechazó que Alemania lo entregara solo por él. En Europa puede seguir tranquilo, porque el magistrado ha retirado las euroórdenes que había en su contra por sedición, lo que comunicará a Bélgica y Europa. En cualquier caso ya estaban suspendidas a la espera de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de la UE sobre ellas.

El magistrado del Supremo ha decidido no cursar otras hasta saber qué resuelve la justicia europea en los dos procedimientos que tiene abiertos: el relativo a la inmunidad parlamentaria que le confiere el escaño de parlamentario europeo y el de las euroórdenes.

Cuándo resuelve Europa

Puigdemont no tendrá que esperar mucho para saber qué decide la justicia europea y, en función de eso, cuál será el siguiente paso de Llarena en lo relativo a las euroórdenes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dará a conocer el próximo día 31 la sentencia en la que determinará la capacidad de un país para negar a otro Estado una entrega a través de euroorden. Será en respuesta a las preguntas que elevó el propio magistrado del Supremo ante la negativa belga a entregar al 'exconseller' de Cultura Lluís Puig por considerar que alto tribunal español no era el competente para reclamarlo.

Conocida esa sentencia será el turno del Tribunal General de la Unión Europea para pronunciarse en relación a las demandas presentadas por Puigdemont contra el Parlamento Europeo al considerar que no le protegió frente al suplicatorio cursado por Llarena por el 'procés'. El quiz de la cuestión está en el alcance de la inmunidad que le confiere la Eurocámara. Durante las vistas celebradas en noviembre en Luxemburgo la representación de España argumentó que solo le protege fuera del territorio nacional, porque el procedimiento en su contra se inició antes de adquirir la condición de diputado europeo, justo lo contrario que mantiene la defensa del 'expresident'

Arresto nacional o internacional

Como la experiencia es un grado, el juez Llarena no dará un nuevo paso internacional hasta saber qué resuelve la justicia europea. Si el TJUE determina que un Estado no puede rechazar una euroorden salvo ante vulneraciones de derecho sistémicas por parte del reclamante, el magistrado estudiará volver a cursar nuevas peticiones de entrega contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig por desobediencia y malversación de caudales. En caso contrario, lo descartará y esperará con el procedimiento suspendido a que decidan volver por sí mismos a España.

Para que Llarena determine si le merece la pena cursar una nueva euroorden contra los prófugos de la justicia, también tendrá en cuenta el alcance de la inmunidad parlamentaria que establece el Tribunal General de la UE en una sentencia que se espera para febrero o marzo, según fuentes jurídicas.