Escándalo en la UE

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Injerencias de Qatar y más allá

No se puede dejar el camino libre para que terceros países erosionen la democracia, ni en forma de corrupción burda ni a través de intoxicación desinformativa

El Parlamento Europeo debe aprobar la medida en los próximos días

El Parlamento Europeo debe aprobar la medida en los próximos días / UE

El Parlamento Europeo afronta el mayor caso de corrupción de su historia, con origen en Qatar y destino final en la cima de la institución. En plena reprobación de las circunstancias que hicieron posible la decisión de la FIFA de que fuera el emirato el encargado de celebrar el Mundial de fútbol de este año, sin importar su historial en materia de derechos humanos, y al tiempo que se multiplican las sospechas sobre la manga ancha de la UEFA en el control del 'fair play' económico al PSG, asimismo bajo control catarí, surge la sombra de la venalidad de la ya destituida vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, y de su entorno. Una vez más, una autocracia opulenta es señalada por interferir, no solo en el discurrir de los negocios en el ámbito privado o en facilitarlos distribuyendo las oportunas comisiones entre cargos públicos, sino también en el funcionamiento de instituciones políticas nacionales e internacionales y en la formación de estados de opinión.

Pero otros muchos gobiernos aprovechan las zonas de sombra cada vez más mayores donde los alentadores de toda clase de manejos se mueven con soltura. Sería una simplificación señalar a Qatar como el gran ejecutor de este tipo de interferencias. Hace años que Rusia está bajo sospecha de injerencia reiterada en la política de otros estados mediante la panoplia de recursos derivados de la universalización de las redes sociales o de la muy clásica distribución de dádivas para lograr un coro de voces amigas. Pocas dudas quedan del comportamiento ruso cuando uno de los más influyentes miembros del círculo más cercano de Vladímir Putin, Evgueni Prigozhin, propietario del Grupo Wagner, una empresa de mercenarios, reconoció en noviembre la intromisión rusa en la campaña de las últimas elecciones legislativas en Estados Unidos, continuación de los mecanismos de distorsión empleados en 2016 y en 2020 en apoyo de Donald Trump.

Hay en todos estos casos, sea en forma de corrupción burda, sea en forma de intoxicación desinformativa, un factor de vulnerabilidad de las democracias cada vez mayor. Según un solvente estudio realizado en 2019 por la Universidad de Oxford, son siete los estados que en mayor medida practican la injerencia: China, India, Irán, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí y Venezuela. La conclusión del trabajo no puede ser más preocupante: la propaganda computacional, los 'trolls' y otras herramientas son «desafíos sistémicos a la democracia», no menos inmorales e ilegales pero aún más peligrosos e incontrolables que el trasiego de bolsas con dinero practicado por Kaili. A lo que cabe añadir que existe una relación directa entre el auge cada vez mayor de la extrema derecha y la multiplicación de estrategias en la red para inducir un cambio de los comportamientos electorales en sociedades que los últimos 15 años han encadenado una crisis tras otra.

La rápida reacción del Parlamento Europeo a la vista de las pesquisas de la policía belga no debe quedar en las medidas de apartamiento de los investigados, sino que debe establecer un sistema permanente de cortafuegos para evitar que en el futuro escapen a su fiscalización la acción de otros desaprensivos y detectar otras posibles voces en el Parlamento Europeo patrocinadas por intereses extraños. La resolución aprobada el 9 de marzo de este año, orientada a evitar maniobras externas de injerencia y desestabilización, compromete a los estados miembros, sin cuyo concurso en forma de financiación no es posible anticiparse a los intrusos, a cuantos quieren alterar el funcionamiento transparente de las instituciones. Sin la dotación de medios necesarios se deja a Qatar, a Rusia y otros actores el camino poco menos que libre para erosionar la democracia a escala estatal y europea.