Más presupuesto que nunca, los mismos problemas de siempre

Uno de los mantras de la sanidad catalana de los últimos 10 años ha sido que el presupuesto ideal del Departament Salut para hacer frente a las necesidades del sistema se debía situar alrededor de los 15.000 millones de euros. Esta era la cifra de consenso entre los expertos en gestión y política sanitaria.

Hace pocas semanas, algunos días antes de que se viera forzado a presentar su renuncia al frente de Salut por la salida de Junts per Catalunya del Govern de la Generalitat, el 'conseller' Josep Maria Argimon hacía saber a la dirección de Metges de Catalunya (MC) que el presupuesto ejecutado del departamento, es decir, aquello que se acabará gastando en 2022, rozará los 14.000 millones de euros, el gasto sanitario más alto de la historia.

Esto implica, por un lado, que el presupuesto inicialmente aprobado (11.244 M€) se verá ampliamente superado por la cifra de ejecución real. Por lo tanto, la financiación prevista era claramente insuficiente. Sin embargo, cabe decir que las cuentas se cerraron antes del impacto de la variante Ómicron del SARS-CoV-2 sobre el sistema sanitario, y antes de que la invasión rusa de Ucrania tuviera una repercusión directa sobre la inflación y el precio de la energía.

Aun así, no se puede obviar que los 14.000 millones de euros suponen un récord absoluto en materia de gasto sanitario para nuestro país. Desgraciadamente, ni la población ni los profesionales de la salud han observado alguna mejora en el funcionamiento del sistema relacionada con el incremento de recursos, al contrario.

Las listas de espera han crecido más que nunca. Según los datos oficiales de Salut, entre los años 2021 y 2022 se ha incrementado un 16% la cantidad de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, y un 8% la lista para pruebas diagnósticas. Pero es que si se comparan los datos con los de 2015, año en que entró en vigor el actual modelo de gestión de la actividad quirúrgica, el incremento es del 23%, en el caso de las operaciones, y un 20% en cuanto a los pacientes a la espera de una prueba diagnóstica. Nos encontramos pues con los peores datos de listas de espera de los últimos siete años, como mínimo.

Y la situación se agrava si se observa la accesibilidad a la atención primaria de salud, aquella parte de la espera que no se computa en los datos oficiales. En este caso, como sabe cualquier ciudadano, el tiempo de demora para conseguir visita con el médico o médica de cabecera puede superar los 20 o 30 días de media.

En cuanto a posibles mejoras relacionadas con las condiciones laborales y retributivas del personal sanitario, todo está por hacer. Actualmente están abiertas las negociaciones para la renovación de los convenios colectivos de la sanidad pública y concertada (III Acuerdo del ICS y III Convenio SISCAT), pero las propuestas de mejora que trasladan la Administración y sus representantes brillan por su ausencia. Y todavía más grave: tampoco plantean ninguna medida o actuación para hacer frente al enorme reto de la jubilación de miles de facultativos en los próximos cinco años.

Llegados a este punto, parece lícito preguntarse cuál es el destino de los 14.000 millones de euros invertidos en Salut si las listas de espera empeoran; si el personal sanitario sigue trabajando en condiciones de sobrecarga y bajas retribuciones; si la accesibilidad al sistema es cada vez más dificultosa, si la asistencia pierde calidad progresivamente y si la sanidad pública no tiene la capacidad de reemplazar los profesionales que se jubilan porque no es atractiva ni competitiva.

Quizás el Departamento de Salud ha fijado otras prioridades que no pasan por resolver los problemas que están deteriorando de manera acelerada el sistema sanitario público y que provocan un preocupante trasvase de población y profesionales hacia las mutuas privadas. “Si no invertimos será la muerte de la sanidad pública”, advirtió el 'conseller' Argimon sobre el incremento de la contratación de pólizas de seguro de salud. Si no es así, si los recursos sanitarios deben tener otro destino, tanto la población catalana como los mismos profesionales tienen derecho a saberlo.