Una cierta esperanza para el CGPJ

La formalización de la largamente anunciada dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo parece haber puesto al presidente, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la ineludible tesitura de proceder ya a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, caducado hace tres años y diez meses. La incapacidad demostrada hasta ahora para nombrar a los nuevos miembros de ese organismo, particularmente por el constante bloqueo del PP, ha colaborado al colapso de la justicia, ha provocado una crisis institucional sin precedentes y ha transmitido una mala imagen de España en la Unión Europea.

De hecho, la renuncia de Lesmes llevó a Sánchez a convocar de urgencia a Feijóo y de la reunión celebrada este lunes parece desprenderse un cierto halo de esperanza, dado que ambos dijeron estar dispuestos a hacer «un último intento» para que el CGPJ recupere la vigencia de su mandato constitucional y, por ende, todas sus competencias, como la de los nombramientos de jueces del Tribunal Supremo, que el Gobierno le retiró con una modificación de la ley. Ahora, que según el ministro de la Presidencia las negociaciones «van en serio» –¿antes no?–, Sánchez y Feijóo se han mostrado conscientes de la apremiante necesidad de devolverle la normalidad institucional a un CGPJ caducado desde diciembre del 2018 y ahora, además, descabezado. Aunque Gobierno y PP han optado por la discreción, y tal vez esta sea una estrategia acertada para que las conversaciones lleguen a buen puerto, de lo explicitado por ambas partes se deriva que el acuerdo al que aspiran los dos partidos, que suman los tres quintos de las Cortes necesarios para elegir a los nuevos magistrados, incluye también al Tribunal Constitucional y la reforma de la ley para facilitar que los jueces elijan directamente a sus representantes en ese organismo.

La negativa de una parte del sector conservador del CGPJ a designar a dos nuevos miembros del Constitucional como les exige la ley ha sido, de hecho, la espoleta que ha provocado la crisis definitiva del CGPJ. Un hecho inédito hasta ahora el de los jueces insumisos, que optan intencionadamente por incumplir la ley. Si la situación anterior ya era grave, su actitud de ahora hace un flaco favor a la democracia y a la credibilidad de la Justicia, además de ser un pésimo ejemplo para el conjunto de la ciudadanía. Hay quien sostiene que ese grupo rebelde de jueces impone sus criterios al PP, pero otros opinan que simplemente sigue las instrucciones de ese partido. Porque en la no renovación del CGPJ, y ahora del Constitucional, hay, sin duda, responsabilidades compartidas. Las del Ejecutivo por sus vaivenes legislativos y por haber sido incapaz de forjar un acuerdo con los populares, pero mayor aún es la de estos que, primero bajo el liderazgo de Pablo Casado y ahora bajo el de Feijóo, han ido poniendo todo tipo de excusas para evitar un pacto imprescindible y mandatado por la Constitución. Esa negativa al acuerdo ha acentuado las sospechas de que la intención última del PP era perpetuar el control que ahora tiene sobre el órgano de gobierno de los jueces y sobre el Constitucional y que deriva de la mayoría absoluta de Rajoy. Si no es así, nada de lo que han hecho ha contribuido a desmentirlo.

Si la reunión de Moncloa permite desbloquear, por fin, las conversaciones y devolver a los órganos judiciales su normalidad y su prestigio, habrá que agradecerle a Lesmes su dimisión, aunque cabe preguntar por qué no lo hizo antes.