Acabar con una lacra

La conmemoración este viernes del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños es una ocasión adecuada para reflexionar sobre el modo en que se afronta esta problemática en nuestro país y sobre las carencias de la legislación española para proteger a las víctimas de la trata y perseguir a quienes participan en su explotación. No solo aquellos delincuentes que se enriquecen con la trata de seres humanos, en este caso con destino a la prostitución, son responsables de la perpetuación del que algunos pretenden definir como el oficio más antiguo del mundo; también lo son aquellos, en su inmensa mayoría hombres (el 99%, según Eurostat), que se benefician de esas personas (el 99% extranjeras) sometidas al terror de sus explotadores, sin importarles cuál es la situación en la que viven o en la que ejercen su indeseado trabajo.

Hace ya años que la Fiscalía viene pidiendo una legislación que la faculte para perseguir con más eficacia la trata y la explotación sexual y para asegurar la necesaria protección de las mujeres y niñas (el 90%) que se ven obligadas por las mafias a ejercer la prostitución. Los fiscales denuncian que las leyes vigentes son insuficientes y solo permiten atender a un número muy limitado de las víctimas y, por lo tanto, tampoco les facilitan actuar judicialmente, como sería preciso, contra las organizaciones del crimen organizado implicadas en el tráfico de mujeres y en la prostitución. «Los casos que desembocan en una incoación de diligencias son solo la punta de un iceberg», alerta el Ministerio Público. 

El hecho de que la prostitución sea una práctica alegal, que se ejerce en la calle y en pisos clandestinos, no justifica que la sociedad cierre los ojos ante esa insoportable realidad y evite así sentirse ética y moralmente responsable de ella en cuanto que la consiente. Mucho menos justificable aún es que esa elusión de responsabilidades venga de los poderes públicos, obligados por el ejercicio de sus funciones a acabar con esa lacra. Es urgente e imprescindible que el Gobierno y los legisladores atiendan las advertencias de la Fiscalía y planteen una legislación consensuada que pueda acabar con esas prácticas de maltrato y degradación de seres humanos. 

Es evidente, porque es un debate que se está produciendo en todos los países de nuestro entorno, que consensuar una legislación sobre la prostitución es muy difícil. De hecho, el propio movimiento feminista está enfrentado entre las abolicionistas, que quieren prohibir la prostitución, y quienes pretenden regularla para dar cobertura legal y sanitaria a quienes la ejercen. Esa discrepancia no puede, sin embargo, frenar la elaboración de las leyes que sean precisas para acabar con la trata, pero también con la explotación sexual de la que, por su indiferencia, participan también los clientes. Hasta el momento, ninguna campaña de concienciación (tampoco ha habido muchas) ha servido para evitar que muchos hombres (el 27,3% de los españoles confiesa haber pagado por sexo) sean clientes asiduos de la prostitución. Tampoco la educación ha impedido hasta el momento la normalización del putero como estereotipo del macho, como reflejo de una masculinidad equivocada, cuando no enferma. La constatación de esa cruda realidad es la que hace necesarias medidas coercitivas, como multas o incluso penas de cárcel, como las que barajan los socialistas, cuando exista la evidencia de que se trata de situaciones de explotación en las que quienes consumen prostitución pasan de ser clientes a ser cómplices.