La UE acelera la reforma eléctrica

Mucho ha tenido que cambiar el panorama para que Bruselas esté dispuesta a extender a toda la Unión Europea la intervención en el mercado eléctrico que hasta ahora se conoce como la «excepción ibérica» (porque solo se aplica en España y Portugal), que consiste en topar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad. En efecto, aunque apenas hayan pasado cinco meses, la situación actual tiene poco que ver con las reticencias con las que se encontró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando fue a defender la medida ante el Consejo Europeo del pasado marzo. En primer lugar, porque superados los seis meses de guerra en Ucrania, el conflicto se ha instalado en un bloqueo que da pocas esperanzas de que Vladímir Putin rebaje la amenaza de cortar el gas a los países de la UE, con el consiguiente encarecimiento de los precios energéticos, y el invierno cada vez está más cerca. En segundo lugar, porque con el nuevo sistema en vigor en España desde el pasado 15 de junio, ya se pueden extraer las primeras conclusiones. Y aunque no ha conseguido frenar el imparable ascenso de los precios de la electricidad, los consumidores españoles afrontan subidas en su recibo de la luz muy inferiores a las que deben pagar otros ciudadanos europeos. Estas son las razones por las que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara el pasado lunes una «intervención de emergencia» en el mercado eléctrico, de la que pocos detalles se han dado más que la idea de desacoplar el precio del gas y la electricidad. También mencionó la voluntad de tener lista, a principios de 2023, una reforma estructural del mercado de la electricidad. Los ministros de Energía de la UE están convocados a una reunión extraordinaria el próximo 9 de septiembre para abordar estos temas.

Es importante recalcar el concepto de «emergencia» que mencionó Von der Leyen. El sistema marginalista que funciona hasta ahora en la UE (a excepción de España y Portugal) nació con una voluntad muy clara: favorecer la implantación de las energías renovables. Por eso, aunque estas son más baratas que las generadas a partir de combustibles fósiles (en centrales de ciclo combinado que queman gas y en centrales de carbón), el precio que se paga por ellas es el mismo para todas: el más caro. Es un incentivo a la producción de energías limpias, aunque haya tenido un efecto enriquecedor para las eléctricas (que cobran a precio alto una energía que en realidad es barata). Recordemos que cuando se implantó este sistema marginalista, hace dos décadas, las energías renovables eran minoritarias y era preciso impulsarlas. Ese objetivo sigue siendo válido hoy, e incluso más, con la crisis climática tan presente como estamos viendo este verano.

La situación de «emergencia» justifica que se intervenga el mercado eléctrico, no es admisible que los ciudadanos reciban facturas a precios desorbitados al mismo tiempo que las compañías energéticas aumentan sus beneficios. Los costes del conflicto bélico deben repartirse entre consumidores, industria y erario público, y no solo caer sobre las espaldas de los primeros. Pero a su vez, no hay que retroceder en todo lo avanzado estos 20 años: la transición energética sigue siendo el objetivo a medio y largo plazo. Por eso, hay que atender también al segundo anuncio que hizo la presidenta comunitaria, la reforma estructural del mercado eléctrico prevista para el año próximo. El modelo que salga de esta reforma debería dar la estabilidad que ahora falta.