Lo que el escándalo Dalmases esconde

El escándalo protagonizado por el diputado Dalmases en TV-3 es de una gravedad política que, sin duda, el Parlament tendrá interés en precisar y sancionar; sin embargo, la proyección del caso (un guardia de corps de la suspendida presidenta del Parlament abronca y agrede a una periodista) esconde un problema de fondo de tanta o mayor trascendencia para la televisión pública que el ataque de prepotencia del diputado de Junts. 

En el episodio de la entrevista de Laura Borràs en 'Faqs' se suceden diversos momentos. Primero, se pacta una entrevista en TV3 por parte de una empresa productora externa que accede a obviar toda referencia a las pruebas incriminatoria esenciales (los 'emails'); después, se vive un desembarco de la corte de la presidenta del Parlament; a continuación, la entrevistadora incumple alguna parte del pacto (se supone que la intensidad del masaje esperado); más tarde, Dalmases se siente en el derecho de recriminar, de malas maneras, el pacto roto a la periodista; acto seguido, el miedo se adueña de la víctima, que opta por la estoicidad; finalmente, una fuga de información destapa el escándalo, a pesar de la voluntad de los directivos de la casa presentes en el escenario de guardar silencio

Desde la perspectiva de TV-3, hay dos escenas chocantes y preocupantes. Las entrevistas (algunas) se pactan, aquí, en Madrid y en Washington. No hay pues lugar para un concurso de hipocresía. Lo grave es que TV-3 ceda a una empresa productora la negociación de los términos de una entrevista con una alta autoridad del país. Estos pactos, en los que se supone que priman el respeto a los cánones periodísticos frente a las prioridades del entrevistado, los asumen las direcciones de los medios por el carácter reservado (y delicado) de los mismos; el entrevistador solo debe atenerse a las recomendaciones y evaluaciones de su dirección. ¿Estaba el director de TV-3 al caso del pacto de Dalmases con el Terrat-Mediapro o la negociación la cerró unilateralmente la productora?

El miedo al poder político por parte de algunos periodistas es comprensible, pero para eso está la dirección, para defenderlos de las hipotéticas represalias. En este caso, los directivos hicieron lo contrario, respaldaron el silencio y, de no ser por una fuga de información, todo (una bronca entre un político exaltado y una periodista resignada) hubiera quedado en Twitter. Hay una pregunta que cae por su peso: ¿hubiera sucedido exactamente lo mismo si el protagonista hubiera sido un diputado de la oposición o un miembro del Gobierno central?  

La cuestión trascendente que se deriva de este incidente es el deficiente control público de la antena de TV-3 cuando esta cede espacios informativos a productoras privadas. El control público de lo que se emite por TV-3 o por Catalunya Ràdio solo puede corresponder a los dos órganos de elección parlamentaria, el consejo de administración de la CCMA y el CAC; los directores de los medios son los responsables ante estos organismos del cumplimiento de la misión pública (la que justifica el gasto público), empezando por el respeto a la pluralidad, siguiendo por la garantía de la veracidad de la información y la defensa de los intereses profesionales de la cadena. No hay más, ni la supuesta república corporativa de periodistas dirige la casa (aunque en algún momento lo hizo), ni mucho menos las productoras que gozan del privilegio de la explotación de emisiones públicas pueden utilizar este poder como moneda de cambio para otros negocios con el sector público.

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