Persistir en el diálogo

El realismo y el pragmatismo se han acabado imponiendo de forma abrumadora en el mundo soberanista, ahora que se cumplirán cinco años de los hechos de octubre de 2017. Todas las familias soberanistas, con mayor o menor intensidad y de forma más o menos explícita, han vuelto a la política. Era inevitable y sobre todo imprescindible, tanto para los proyectos políticos que defienden la autodeterminación y la independencia como, sobre todo, para el conjunto del país.

Para los partidos soberanistas, si querían recuperar operatividad y eficacia, había que superar una dinámica que no llevaba a ninguna parte. Para el país, era necesario romper el bloqueo que nos impedía como sociedad afrontar los graves desafíos de todo orden que tenemos por delante. Está claro que todo ello sigue extremadamente condicionado por la judicialización del conflicto politico, y muy singularmente, por la situación del ‘president’ Puigdemont y el resto de dirigentes políticos exiliados. Algún cambio significativo también se ha producido en este campo, como hemos visto hace unos días con Anna Gabriel. Pero lo que marca los límites del pragmatismo político del bloque soberanista tiene mucho que ver con la situación de los exiliados y la pervivencia de determinadas causas. Ahora mismo, la repetición del juicio a los acusados del 1 de octubre es una nueva estupidez. Es obvio que a todo ello habrá que encontrar soluciones. No será fácil. También es cierto que una parte, cada vez más minoritaria, y a veces un punto excéntrica de este mundo, se mantiene en el verbalismo más encendido y en la antipolítica. Todavía habla de embates y de culminar el proceso hacia la independencia. Con ningún tipo de influencia en la política de las cosas que realmente ocurren, esta enfermedad infantil del soberanismo permite mantener una cierta movilización de sectores bienintencionados y sentimentales que asumimos, con todas sus consecuencias, la retórica más inflamada del ‘procés’.

Pero los límites del realismo y del pragmatismo soberanistas, por otra parte, también están acotados por los resultados del diálogo entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno del Estado. El Gobierno de coalición de izquierdas de Madrid sigue sin una propuesta para Catalunya, y a veces le ha faltado contundencia para poner orden en los aparatos del Estado que demasiado a menudo parecen tener una agenda propia, como vimos con el escándalo de Pegasus. Si la vía del diálogo solo sirve para apaciguar el clima social y político, pero no sirve para buscar soluciones a los problemas de fondo que explican los orígenes del ‘procés’, la crisis catalana seguirá desestabilizando al conjunto del Estado. No hacer nada y dejar pasar el tiempo jamás ha resuelto conflictos como el catalán. Los indultos, en su momento, contribuyeron, de forma muy contundente, a cambiar el clima político. Esta es la vía.

Unos y otros no tienen otra alternativa que persistir, de forma tozuda, en la vía del diálogo y la voluntad de acordar vías políticas para encontrar salidas democráticas a las demandas mayoritarias de la sociedad catalana. Es cierto que hemos entrado en muchos sentidos en tiempo de descuento. El próximo mes de mayo tendremos elecciones municipales y autonómicas en media España. A finales de 2023 se acabará la legislatura española. Es probable que en otoño de ese año, la legislatura catalana se haya agotado, a no ser que esto ocurra antes. Los tiempos electorales dejan poco margen a la audacia que la resolución del conflicto catalán pide a todos, a Barcelona y a Madrid. Y sin embargo, al país le conviene, con expectativas razonables, que la mesa de diálogo, que este miércoles se reúne, dé resultados tangibles que nos permitan seguir manteniendo abierta esta vía, en lugar de hacer realidad la profecía autocumplida de quienes han augurado su fracaso desde el momento de su nacimiento. Hay recorrido, por ejemplo, en la reforma del Código Penal sobre los delitos de sedición. Y lo hay con una agenda catalana de demandas muy concretas que desde el tiempo del ‘president’ Mas la Generalitat ha ido trasladando a los sucesivos gobiernos españoles. Avanzar en estas cuestiones, o en algunas de ellas, es posible en los tiempos políticos que nos restan hasta el fin de las legislaturas española y catalana, y permite crear las condiciones que deben facilitar, más adelante, afrontar las cuestiones más de fondo que el país reclama.

Mientras, dentro de Catalunya, habrá que reforzar la legitimidad y la credibilidad de todas las instituciones de la Generalitat. Y es que la fortaleza de Catalunya, contra lo que expresaba hace un tiempo el ‘president’ Torra cuando decía que la autonomía nos impedía avanzar hacia la independencia, reside, en una parte muy determinante, precisamente en nuestras instituciones de autogobierno. Defenderlas, no ponerlas en riesgo y gobernarlas bien deben ser también patrimonio de todos los soberanistas.

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