La gran Barcelona del tocho no quiere morir

El historiador pratense Jaume Codina, en la década de los años 70 del siglo pasado, dejó acuñado el atributo referido al Baix Llobregat de 'comarca mártir' atacada por tierra, mar y aire. Años de desarrollo sin control democrático y proyectos que respondían a una estricta lógica de acumulación de capital habían destrozado el medio. Una multitud de desastres: acuífero sobreexplotado y salinizado, riadas y vertidos de todo tipo en el Llobregat, declive de la payesía a raíz de expropiaciones para la construcción de polígonos de viviendas caras y sin ningún servicio (cuántas vidas obreras empleadas en pagar un techo) y ocupación industrial ajena a una ordenación respetuosa con el territorio. Maneras de hacer de un régimen dictatorial representado por el gobernador civil, que tutelaba los grandes negocios de las élites barcelonesas al nombrar a los alcaldes ejecutores de las operaciones especulativas en cada uno de los municipios. Evidentemente, desde el Besòs se hubiera podido formular una sentencia similar respecto a Sant Adrià, Santa Coloma, Badalona y otras poblaciones del área metropolitana, convertidas en el patio trasero de Barcelona.

Con la aprobación del Plan General Metropolitano de 1976 se pretendió poner fin al desbarajuste y dotar al territorio de un planeamiento susceptible de ser útil para una etapa democrática que llamaba a la puerta. Sin embargo, los padres del proyecto, pertenecientes a las mismas élites, no se sustrajeron de la dinámica anterior, por lo que a lo largo de los últimos decenios, sustancialmente, a pesar de los avances del municipalismo democrático, pervivió el mismo modelo de crecimiento. Contribuyeron a ello tres déficits. Por un lado, la competitividad establecida entre el nacionalismo pujoliano encumbrado en la Generalitat y el PSC hegemónico en los municipios y, en consecuencia, atrincherado en el Área Metropolitana de Barcelona. Dos realidades políticas cuya zona cero se situaba en ambos lados de la plaza de Sant Jaume, y más interesadas en neutralizarse que en convertirse en galvanizadoras de una ocupación del suelo más innovadora y protectora. Un segundo déficit: la endémica infrafinanciación de los ayuntamientos, incapaces, pues, de encarar el día a día sin recurrir a los beneficios de la actividad urbanística, lo que normalizó actuaciones diseñadas con una mirada estrictamente local. Y, por último, un tercer actor: las dificultades de los movimientos vecinales de contestación para obtener resultados, porque, pese a las contradicciones entre CiU y socialistas, al fin y al cabo defendían un criterio desarrollista parecido. Competían, ciertamente, pero al mismo tiempo cerraban filas cuando las cosas iban mal. Prueba de ello es un largo listado de ejemplos, entre ellos el proyecto conjunto de hacer realidad el complejo de casinos Eurovegas, abortado por la acción del movimiento popular de contestación, o el posterior PDU (Plan Director Urbanístico) Delta para resarcir a los gobiernos municipales de Sant Boi, Gavà y Viladecans, o el de Gran Via en L'Hospitalet, hoy anulados por el TSJC.

Más aún. En la actualidad se ponen en marcha proyectos en el conjunto del área metropolitana que deberían haber sido anulados, revisados, cuestionados o sujetos a una rotunda moratoria porque contemplan miles de nuevas viviendas en el marco de una enorme escasez de agua, de crisis en cuanto a la biodiversidad y climática, de merma de tierras agrícolas y de hábitats naturales en el marco de una evidente falta de soberanía alimentaria y energética. Planes urbanísticos que acabarán con los espacios todavía vacíos que rodean a los más densos demográficamente o que están dentro de las ciudades.

Duele, al mismo tiempo, que vuelvan argumentos caducos que convierten la falta de vivienda en la fórmula mágica para justificar el continuismo, olvidando que el incremento de la oferta nunca ha supuesto una merma de los precios, que la vivienda social continúa siendo escasa e inaccesible para los más desfavorecidos, que el alquiler es residual y que en el conjunto del área metropolitana existen 225.000 viviendas vacías y cientos de miles susceptibles de rehabilitación.

Si por un lado la Generalitat no asume responsabilidades (los ARE, como el Ribera-Salines, que contempla 2.700 viviendas en la última zona virgen de Cornellà, fueron su iniciativa). Si, por el contrario, el esperado PDU del AMB no plantea anular, reconvertir o reubicar los proyectos desfasados. Si todo esto, lamentablemente, acabara pasando, entonces las fuerzas políticas, todas, las que mandaban antes y mandan ahora (CiU/Junts y PSC) y las que ahora también gobiernan (ERC y En Comú Podem) difícilmente podrán ser quienes nos insten a construir un futuro mejor.

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