Diálogo Gobierno-Generalitat: lo que no hay que volver a hacer

Pedro Sánchez y Pere Aragonès se han dado una nueva oportunidad para dialogar. Con la tensión por Pegasus más aparcada que superada, se reunirán el próximo viernes. El encuentro ya es en sí mismo una buena noticia. No hay que tener excesivas expectativas. El propósito es «desjudicializar» la vida política en Catalunya. Posiblemente las dos partes no lo entienden de la misma manera. Para Sánchez quiere decir actuar sin el quietismo de Rajoy, que dejó la carpeta catalana primero en manos de la policía patriótica y, seguidamente, de los jueces que tenían que actuar por imperativo legal si la política no impedía la realización de determinados actos. Para Aragonès quiere decir evitar la cárcel de algunos de los suyos que siguen acusados como primer paso para avanzar hacia la amnistía y la autodeterminación. Siendo tan diversos los horizontes, es posible que el trayecto compartido sea corto, quizá solo el que se asienta sobre la negociación de los Presupuestos del Estado para 2023. Con todo, hacen bien los dos presidentes en recorrerlo, aunque para ambos tenga también costes a corto y medio plazo. A largo plazo, Sánchez sabe que está haciendo un servicio a España que desmonta la mentira que alimenta una parte del independentismo sobre la calidad de la democracia española. Y Aragonès sabe que las bravuconadas jamás lograrán la independencia, y aún menos reconocida internacionalmente y compatible con la tradición de un partido democrático como el suyo. 

De este trance, Sánchez podría como mucho impulsar alguna reforma legislativa que coincida con los intereses generales de España, como puede ocurrir con el tratamiento legal del delito de sedición señalado por los tribunales europeos o la ampliación de las garantías de control democrático de la acción policial. Un Gobierno democrático no puede sacar a nadie de la cárcel si no es por un indulto después de ser condenado. De manera que Aragonès, como mucho, lo que podría conseguir es que la legislación faculte a abogados del Estado y fiscales para calificar determinados delitos con penas que no supongan prisión. No hay mucho más que negociar. Pero habría más que ofrecer. Si Sánchez da el paso de dirimir mejor la persecución de los delitos y la persecución de las ideas en la democracia española, debería tener garantías de que el independentismo da algún paso para garantizar que no va a utilizar las instituciones autonómicas para destruir el Estado que las ampara y ello tiene que ser compatible con defender las ideas que se quieran. Se trata de fijar lo que no se volverá a hacer: perseguir adversarios políticos desde el Estado y destruir al Estado desde el Estado. 

Esta ventana de diálogo se cerrará, en el mejor de los casos, en diciembre. A todos los que nos declaramos demócratas, lo que nos interesa es que acabe sin dar por definitivamente cerrada toda posibilidad de diálogo, porque pasado el año electoral de 2023, los asuntos seguirán ahí, aunque sean otros los encargados de gestionarlos. El independentismo se ha alimentado de esa afirmación según la cual la negociación y los acuerdos solo son posibles cuando algún partido catalán es necesario para apuntalar al Gobierno de España. Perseverar en el diálogo ayuda a desmontar esta falacia. Y es el camino para que en Catalunya también se rompan definitivamente los bloques que han marcado la política en los últimos lustros. Ni España ni Catalunya se lo pueden permitir, y eso no lo pueden perder de vista ni los que se sientan en la mesa de diálogo hoy ni los que aspiran a hacerlo en el futuro.